En un contexto en el que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene las confiscaciones como herramienta de represión política, el Parlamento, controlado por el Frente Sandinista, aprobó la semana pasada una ley que declara propiedad estatal una franja de 15 kilómetros de ancho a lo largo de todas las fronteras de Nicaragua. La norma, que ha generado temor entre propietarios de fincas, empresarios, pueblos indígenas y ambientalistas por su “carácter confiscatorio”, otorga al Ejército de Nicaragua —leal a la pareja presidencial— el control y resguardo de esa vasta zona.
Ortega nacionaliza y militariza una franja de 15 kilómetros en la frontera de Nicaragua
