El juez Alexandre de Moraes, relator del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, consideró al líder ultraderechista culpable de haber intentado atentar contra el régimen democrático e instalar una «dictadura», tras ser derrotado en las urnas por el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.
Moraes también se mostró convencido de la culpabilidad de otros siete reos juzgados junto con Bolsonaro, entre los cuales figuran exministros y antiguos jefes militares, lo cual aún será debatido con los otros cuatro miembros del tribunal.
El relator no llegó a proponer penas, que podrían sumar unos 40 años de prisión y serán discutidas en otras sesiones que la Primera Sala del Supremo tiene previsto realizar hasta el viernes 12 de septiembre.
El juez recibió en su totalidad los cargos formulados por la Fiscalía General, que ha acusado a Bolsonaro y los otros reos de cinco delitos: intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño cualificado y deterioro de patrimonio protegido.
Según la Fiscalía, la trama tenía como objetivo «perpetuar» a Bolsonaro en el poder tras los comicios de octubre de 2022, en los que aspiraba a la reelección pero fue derrotado por el progresista Lula.
De acuerdo a los autos del proceso, dados por válidos por Moraes, los golpistas hasta tejieron planes para asesinar a Lula, al vicepresidente electo, Geraldo Alkcmin, y al propio juez De Moraes, que serían ejecutados por seis oficiales del Ejército.
Un golpe preparado desde 2021
Durante unas cinco horas, Moraes hizo un pormenorizado relato de la durísima campaña que Bolsonaro emprendió en junio de 2021 con el fin de sembrar dudas en el sistema electoral y generar una corriente de opinión que alertaba sobre posibles fraudes en los comicios de 2022.
Citó decenas de declaraciones públicas del entonces presidente, que ya en esa época tildaba de «canallas» a los jueces y los acusaba de «sabotear» el proceso a fin de favorecer a Lula.
Aseguró que, de acuerdo a la investigación, esa campaña contra las instituciones era impulsada en las redes sociales por lo que se conoció como «gabinete del odio», una estructura de difusión masiva de falsa información que funcionaba en el palacio presidencial.
Según el relator, esa campaña pasó de las declaraciones a los hechos tras las elecciones ganadas por Lula.
Sobre el periodo poselectoral, enumeró decenas de documentos obtenidos por la investigación sobre reuniones en las que se tramaba un golpe y en las que incluso se discutió el borrador de un decreto que ordenaba «intervenir» el Poder Judicial y anular el resultado de los comicios.
El relator acusó a la supuesta «organización criminal» liderada por Bolsonaro de haber promovido bloqueos de carreteras, protestas y campamentos frente a los cuarteles del Ejército en los que se pedía a las Fuerzas Armadas que impidieran la investidura de Lula.
Recordó que, de uno de esos campamentos, instalado en Brasilia, partió la marcha que concluyó con el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado del 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula.
Sobre ese violento episodio, Moraes afirmó que no fue «combustión instantánea», sino el corolario de un golpe planeado desde 2021.
Bolsonaro, el «líder» de una «organización criminal»
Según Moraes, todo fue corroborado hasta por testigos de algunas defensas, que admitieron que los planes eran «coordinados» por el propio Bolsonaro, sobre quien afirmó que se constituyó en «líder de una verdadera organización criminal».
Tras el voto del relator, quien aseguró que existe un «exceso de pruebas», se pronunciarán los otros cuatro jueces de la Primera Sala, en la que cursa el juicio que, por primera vez en la historia, puede llevar a prisión a un expresidente brasileño por un intento de golpe de Estado.
Bolsonaro ha recibido apoyo de otros líderes de la ultraderecha global, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha aplicado aranceles del 50 % a gran parte de los productos brasileños por un juicio que ha definido como una «caza de brujas» con uno de sus mayores aliados.
Además, EE UU ha aprobado sanciones económicas contra el juez De Moraes y otros siete de los once miembros de la Corte Suprema de Brasil.
Quiénes son los acusados
1. Jair Bolsonaro:
Capitán de la reserva del Ejército y referente de la extrema derecha. Está en prisión domiciliaria desde el 4 de agosto por el incumplimiento de una serie de medidas cautelares.
Presidió el país entre 2019 y 2022, periodo durante el cual emprendió una dura campaña de desprestigio contra las instituciones democráticas, sembrando dudas sobre las elecciones.
La Fiscalía lo sitúa como el «líder» y «principal articulador» del complot golpista. Según sus indagaciones, Bolsonaro editó borradores de decretos golpistas, presionó a la cúpula militar y hasta avaló un plan para asesinar a su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y a otras autoridades.
Bolsonaro reconoció públicamente que estudió medidas excepcionales, como estado de sitio o de defensa, tras perder las elecciones de 2022, pero niega que su intención fuera dar un golpe.
En otra pieza separada, está siendo investigado por intentar obstruir el juicio al incentivar al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, a imponer sancionar a los jueces del Supremo y al país.
2. Mauro Cid:
Teniente coronel y antiguo edecán de Bolsonaro. Su testimonio sirvió de base para la investigación.
Las defensas de otros acusados pidieron sin éxito la anulación del acuerdo de colaboración de Cid porque consideran que el antiguo ayudante del exgobernante omitió informaciones y se contradijo en sus declaraciones.
3. Almir Garnier:
Almirante y excomandante de la Marina. Según la investigación, apoyó presuntamente el plan golpista de Bolsonaro para anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2022, en las que Lula se impuso a Bolsonaro.
La Fiscalía señala que hasta en dos ocasiones se puso a disposición del líder ultraderechista para acatar sus órdenes.
4. Walter Braga Netto:
En prisión preventiva desde diciembre de 2024, Braga Netto es general de la reserva del Ejército y fue ministro de la Presidencia y de Defensa con Bolsonaro. En las elecciones de 2022, fue su candidato a vicepresidente.
Para la Fiscalía, la mano derecha del entonces presidente participó en reuniones para la ejecución y financiación del plan para asesinar a Lula.
5. Paulo Sérgio Nogueira:
También general retirado del Ejército, actuó como ministro de Defensa con Bolsonaro. La acusación defiende que apoyó la idea de intervenir la Justicia Electoral y que sirvió de puente entre Bolsonaro y la cúpula militar.
6. Anderson Torres:
Fue ministro de Justicia hasta diciembre de 2022 y al mes siguiente asumió la Secretaría de Seguridad de Brasilia, poco antes del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes en el último intento por derrocar a Lula.
La Policía encontró en su casa un borrador de decreto presidencial que planteaba una «intervención militar» sobre la Justicia Electoral.
7. Augusto Heleno:
General de la reserva del Ejército. Fue ministro de la Seguridad Institucional en el gobierno de Bolsonaro. La Fiscalía lo acusa de elaborar un plan para incumplir órdenes judiciales y propagar sospechas infundadas sobre los comicios.
Los investigadores sostienen que, de haber triunfado el golpe, él habría sido el «jefe del gabinete de crisis» instaurado para conducir el país.
8. Alexandre Ramagem:
Fue comisario de la Policía Federal y actualmente es diputado. Dirigió la Agencia Brasileña de Inteligencia durante la Administración de Bolsonaro.
En 2024, se postuló para alcalde de Río de Janeiro, pero fue derrotado en primera vuelta tras quedar en segundo lugar, por detrás del actual regidor, Eduardo Paes, aliado de Lula.
Según la Fiscalía, tuvo un «papel importante» a la hora de crear un estado de opinión que pusiera en duda la legitimidad de las elecciones, además de construir un servicio secreto paralelo para monitorear a adversarios políticos.
En su caso, parte de las acusaciones están suspendidas por su condición de aforado como diputado y se retomarán cuando termine su mandato.
Además de estos ocho, hay otra veintena de involucrados en el complot golpista, los cuales serán juzgados en los meses siguientes.
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