El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció el viernes 19 de septiembre la detención del activista de derechos humanos Pedro Hernández y de varios de sus familiares.
Provea detalló en su cuenta de X que, de acuerdo con las denuncias publicadas el 16 de septiembre por varias organizaciones no gubernamentales (ONG), funcionarios encapuchados de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) abordaron a Hernández frente a su casa en el estado Yaracuy.
El miércoles 17 de septiembre, los familiares del defensor de derechos humanos recorrieron varias comisarías de la PNB para tratar de indagar sobre el estado físico de Hernández. Sin embargo, varios vecinos denunciaron que los cuerpos de seguridad interceptaron a cuatro integrantes de la familia y los detuvieron, se desconocen sus paraderos.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la detención de Pedro Hernández y sus familiares.
La labor de Pedro Hernández como activista
De acuerdo con Provea, Pedro Hernández es originario de Aroa (Yaracuy) y se dedica a la defensa de los derechos humanos de los campesinos.
“Pedro estaba dedicado a fortalecer el tejido de las comunidades campesinas y a promover la actividad agrícola”, aseguró la ONG.

Asimismo, el activista también llegó a formar parte del Movimiento Vinotinto, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela.
Además, Hernández es licenciado en Psicología por la Universidad Yacambú, del estado Lara. En esta casa de estudio también se convirtió en uno de los fundadores de su Centro de Derechos Humanos.
Los familiares de Pedro Hernández detenidos
La ONG Provea reveló en su publicación los nombres de los familiares de Pedro Hernández que se encuentran detenidos tras recorrer comisarías buscando al activista:
-Natalia Álvarez: esposa de Pedro Hernández.
-Pedro Hernández: padre del activista.
-Daniel Hernández: hermano de Pedro Hernández.
-José Hernández: abogado y primo de Pedro Hernández.

De acuerdo con Provea, los cuatro detenidos fueron llevados desde la sede del Conas (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la GNB) en vehículos policiales sin identificar a las 10:00 am del 17 de septiembre.
Ante la detención del activista y de su esposa, la hija, de 7 meses de edad quien todavía es lactante, se encuentra bajo el cuidado de la abuela, detalló la ONG.
Hernández sería el sexto defensor de derechos humanos detenido en Venezuela junto a Eduardo Torres, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Kennedy Tejeda y Rocío San Miguel.
El rechazo a estas detenciones por parte de las ONG
Ante la detención de Pedro Hernández y sus familiares, varias ONG se han pronunciado al respecto. Amnistía Internacional exigió en X el 19 de septiembre información sobre su suerte y paradero, así como la liberación de los cinco detenidos.
Por su parte, la ONG Caleidoscopio Humano informó el 19 de septiembre que se cumplen 48 horas de la detención del activista y señaló que no hay pronunciamiento de los cuerpos de seguridad sobre este caso.
Espacio Público denunció en un comunicado que estas detenciones configuran “violaciones al derecho a defender y promover garantías reconocidas en la Declaración Universal de las Naciones Unidas”.
FundaRedes exigió el 17 de septiembre la liberación de Hernández y de su familia e insistió en que la “lucha por los derechos humanos no puede ser silenciada”.
El caso de la familia Guillén en Carabobo
El 9 de septiembre, varias ONG denunciaron un caso similar a la detención de Pedro Hernández y su familia, se trata el de la familia Guillén.
Entre los detenidos se encontraba un adolescente de 17 años de edad y una niña de 2 años, a quienes liberaron la noche del 8 de septiembre. Sin embargo, la mamá de la niña y una mujer de la tercera edad permanecen detenidas de manera “arbitraria”.
La liberación de los menores de edad se concretó gracias a la presión de familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos, según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve).

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) identificó a las detenidas como Miriam Fernández Ruiz, de 72 años de edad, y Chantal Niulany Guillén, de 21 años de edad.
El 4 de septiembre, la PNB ingresó a la vivienda de la familia Guillén, sin orden judicial, y se llevó al adolescente y a Miriam Fernández.
Los familiares y allegados aseguraron que la policía obligó al adolescente a llamar a su hermana, Chantal Niulany Guillén, desde el centro de detención el 5 de septiembre y cuando ella se presentó con su hija, de dos años de edad, quedó detenida con la bebé.
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