Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2025, y desde ese momento las relaciones bilaterales con Venezuela se han caracterizado por la presión, confrontación y ataques.
La fase inicial de la crisis comenzó con una serie de movimientos jurídicos y económicos en contra del gobierno de Nicolás Maduro, a quien Trump acusa de supuestos delitos relacionados con el narcotráfico.
El 6 de febrero, el Departamento de Estado de EE UU designó a la banda transnacional Tren de Aragua como una Organización Terrorista Extranjera, junto con otros cárteles mexicanos y la Mara Salvatrucha (MS-13).
Esta designación le otorgó al gobierno estadounidense facultades para tomar acciones contra los presuntos miembros del grupo y fue el argumento directo para las posteriores medidas migratorias en contra de venezolanos.
En marzo de 2025, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación que históricamente solo se había utilizado en tres ocasiones, para actuar unilateralmente en un contexto que el mandatario calificó de invasión del crimen organizado.
Como resultado de la invocación legal, el 17 de marzo cientos de venezolanos sin condena firme y con presuntos vínculos al Tren de Aragua fueron deportados de Estados Unidos a El Salvador como parte de un acuerdo con el presidente Nayib Bukele. Allí, fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) hasta el 19 de julio, cuando los liberaron y regresaron al país.

Aranceles y sanciones de EE UU
Las medidas económicas también han encabezado el conflicto entre ambos países desde que Trump asumió el poder. En ese sentido, el 24 de marzo, el republicano anunció la imposición de aranceles del 25 % a cualquier país que comprara petróleo o gas a Venezuela.
Esta imposición fue presentada por el mandatario estadounidense como un castigo por el presunto envío de “decenas de miles de delincuentes” a EE UU.
Días después de la imposición de aranceles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) notificó a los socios de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que sus permisos para exportar crudo y derivados quedaban cancelados.
La OFAC eliminó la Licencia General que permitía a las compañías estadounidenses operar en Venezuela y las transnacionales fueron obligadas a liquidar sus operaciones antes de finales de mayo.
Por otra parte, en julio de 2025, la OFAC designó a lo que ellos denominan el “Cártel de los Soles” como una organización terrorista, supuestamente dirigida por Maduro y que proporcionaba apoyo material al Tren de Aragua.
Además, en agosto de 2025, la recompensa por el presidente venezolano aumentó a 50 millones de dólares, por presuntamente también estar vinculado con el narcotráfico.

Medidas migratorias contra venezolanos en EE UU
El 29 de enero, la administración Trump anunció la revocación de la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos, que se haría efectiva a partir del 7 de abril.
Esta revocación tuvo una consecuencia inmediata para el primer grupo de beneficiarios (los de la Designación 2023), sin embargo, días antes de la fecha límite, un juez federal intervino emitiendo una decisión que bloqueó temporalmente la terminación del TPS.
La batalla legal se trasladó a la Corte Suprema, y en mayo de 2025 dictaminó que la administración federal tenía la autoridad para seguir adelante con el proceso de cancelación del permiso migratorio.
Posteriormente, el 3 de septiembre de 2025, la administración de Trump anunció la terminación formal del grupo original de beneficiarios (Designación 2021). Esta decisión dejó a más de 600 mil venezolanos en riesgo de deportación.
La fecha de expiración final para el grupo original de beneficiarios (TPS 2021) fue establecida para el 7 de noviembre de 2025.
En cuanto al porcentaje de venezolanos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE UU (ICE, por sus siglas en inglés) y deportados desde los centros de detención, la cifra aumentó significativamente con la llegada de Trump a la Casa Blanca.
De acuerdo con el programa Gran Vuelta a la Patria, más de 15.000 venezolanos deportados de EE UU han retornado al país desde enero hasta los primeros días de noviembre.

Despliegue militar y ataques en el Caribe
La tensión se convirtió en una amenaza luego de que EE UU comenzara el 8 de agosto un despliegue militar en aguas internacionales, específicamente en el mar Caribe, cercanas a Venezuela.
El contingente militar incluye el portaaviones nuclear USS Gerald Ford, destructores, cruceros lanzamisiles, y un Grupo Anfibio Listo (ARG) con el buque de asalto USS Iwo Jima y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU).
Desde el 2 de septiembre de 2025, las fuerzas estadounidenses comenzaron a ejecutar ataques letales contra supuestas “narcolanchas” y embarcaciones ligeras en el Caribe.
Los ataques han sido constantes y se han expandido a aguas del océano Pacífico, lo que ha dejado al menos 17 lanchas bombardeadas y 66 muertos.
Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, la administración de Donald Trump escaló su ofensiva contra carteles de droga latinoamericanos que considera terroristas y a quienes ha declarado un “conflicto armado directo” que justifica sus acciones militares en aguas internacionales.

Ruptura del diálogo entre Venezuela y EE UU
Trump designó a Richard Grenell como enviado especial para Venezuela con el objetivo de establecer un contacto de alto nivel entre su administración y el gobierno de Maduro, lo que marcó un hito diplomático entre las dos naciones con relaciones rotas desde 2019.
La primera visita se realizó el 31 de enero, cuando Grenell se reunió con Maduro en el Palacio de Miraflores. Aunque la administración estadounidense no reconoce formalmente al gobierno como legítimo, el objetivo de esta misión se centró en la política migratoria y la seguridad nacional.
El acuerdo principal alcanzado fue la reanudación y facilitación de los vuelos de deportación de ciudadanos venezolanos con órdenes de expulsión desde Estados Unidos.
Como parte de este pacto, Venezuela se comprometió a utilizar aeronaves de la aerolínea estatal Conviasa para asumir el transporte de estos migrantes, lo cual permitió que los primeros vuelos con deportados llegaran a Caracas a principios de febrero de 2025.
Además, el gobierno venezolano liberó a seis ciudadanos estadounidenses que se encontraban detenidos en el país.
No obstante, la escalada del conflicto llevó al cierre definitivo de estos canales de diálogo. El 6 de octubre, el presidente estadounidense ordenó a Grenell suspender todas las conversaciones diplomáticas y acercamientos con el gobierno venezolano.
El discurso más reciente del presidente Trump sobre Venezuela combinó una retórica de presión con una cautela ante la posibilidad de un conflicto militar. Por un lado, insinuó que el fin del gobierno de Maduro estaría cerca, mientras que por otro negó la posibilidad de iniciar una guerra, atacar o invadir el país.
La entrada #TeExplicamos | Cronología de la tensión: así ha escalado el conflicto entre EE UU y Venezuela desde la llegada de Trump se publicó primero en El Diario.
