Al menos 600 mil venezolanos quedarán expuestos a una posible deportación luego de que el viernes 7 de noviembre quede sin efecto la vigencia del Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que supone un duro golpe para los migrantes que estaban en ese país bajo este amparo migratorio.
“No podemos regresarnos a Venezuela, allá ya no queda nada para nosotros, prefiero quedarme en la clandestinidad”, comentó a EFE Oriana, una mujer venezolana quien prefirió no revelar su apellido.
La mujer de 38 años de edad, madre de una adolescente de 15 años de edad, cuenta que vivió en Florida por más de cinco años, pero recientemente decidió mudarse y establecerse en otro estado, tras la decisión del gobierno de Donald Trump de poner fin al amparo a los venezolanos concedido por su antecesor, Joe Biden.
El TPS protegía a los beneficiarios de la deportación y les otorgaba un permiso de trabajo, que Oriana perderá desde el 7 de noviembre de 2025. “Dejé de usar ese permiso, me estoy adaptando a mi nueva realidad”, contó la migrante.
La ciudadana no quiere dar detalles sobre dónde se establecerá o cómo se mantendrá, tras perder la autorización de empleo. Aseguró que desconectará su número celular y comenzará “una nueva vida” en la clandestinidad, pero aún en Estados Unidos.
¿Quiénes corren mayor riesgo?
Fernando Romo, abogado de inmigración y principal asesor jurídico de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), explicó a EFE que los venezolanos que corren un riesgo de detención inmediata, tras perder el TPS, son aquellos que tenían una orden de deportación previa.
“El TPS pone un paro a las órdenes de deportación, pero al perder el amparo esta orden se activa y seguramente van a ser buscados por los agentes migratorios”, dijo Romo.
No obstante, el jurista indicó que los migrantes que han perdido el TPS aún tienen otras opciones como solicitar asilo, y aunque estos procesos “no son fáciles de ganar” representan una posibilidad para los venezolanos.
El caso se encuentra actualmente en el Noveno Circuito de Apelaciones donde un panel escuchará argumentos de ambas partes, después que el gobierno de Trump recurriera un fallo de un juez federal que dictaminó que la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad legal al terminar con el amparo y que su decisión era «arbitraria y caprichosa».
Palma no descarta que la batalla legal llegue nuevamente al Supremo, donde los jueces deberán considerar por completo el caso.
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