Un informe de Transparencia Venezuela, organización no gubernamental (ONG) en el exilio, documentó que 4 de cada 10 tanqueros que llegan a Venezuela operan de “forma irregular”.
El análisis también registró la presencia de “40 buques con algún tipo de restricción”, entre sancionados, furtivos o pertenecientes a flotas oscuras, término con el que el informe se refiere a tanqueros que ocultan de forma deliberada su actividad marítima, ya sea apagando los sistemas de identificación automática (AIS) o manipulando datos de origen y destino. Esa cifra representa 41 % del tráfico petrolero observado en zonas estratégicas del litoral venezolano, según el informe.
Entre los hallazgos destaca el aumento de operaciones ilícitas de trasiego de crudo (STS). En noviembre se detectaron al menos 13 transferencias entre buques oscuros, furtivos o sancionados, más del doble de las seis identificadas en octubre. Todas ocurrieron en la zona marítima de Caquetíos, cerca de la bahía de Amuay, en el occidente del país.
Aumento de envíos a Estados Unidos y cambios en la logística
El monitoreo marítimo confirmó un incremento de tanqueros vinculados a Chevron. Ocho buques procedentes de Estados Unidos arribaron a puertos venezolanos en noviembre, frente a tres el mes anterior. Todos llegaron con carga media y zarparon posteriormente hacia terminales estadounidenses como Corpus Christi y Beaumont, en Texas, y Good Hope, en Louisiana.
Los datos de los sistemas de rastreo marítimo indican que estos tanqueros salieron con las bodegas llenas de crudo, lo que coincide con el repunte de los flujos hacia el mercado estadounidense tras los ajustes en las licencias vigentes.
Exportaciones a China y presencia militar en la región
La exportación de crudo hacia China, que de acuerdo con Reuters concentra más del 80 % de los envíos venezolanos, continúa realizándose mediante “rutas opacas”, según el informe de Transporte Venezuela.
“Solo dos tanqueros aparecieron con terminales de origen en Zhoushan y Ningbo, y ninguno declaró puertos chinos como destino inmediato en sus manifiestos, aunque las señales de rastreo mostraron su rumbo hacia Asia”, se destaca en el documento.
En total, apenas un tercio de los tanqueros observados en noviembre declaró “destino final”. El informe también plantea que la presencia de al menos seis destructores y buques misilísticos de la Armada de Estados Unidos, a decenas de millas náuticas de la costa venezolana, pudo incidir en la reducción de tanqueros con AIS apagado.
La organización reveló que en noviembre se contabilizaron 17 petroleros en “condición oscura” en las proximidades de la terminal de Amuay, frente a 24 detectados en octubre mediante análisis de imágenes satelitales.
Además, se identificaron 14 tanqueros sancionados por la OFAC de Estados Unidos, la OFSI del Reino Unido y la Unión Europea, en su mayoría bajo banderas de países considerados “paraísos regulatorios” como “Islas Comoras, Guinea y Guyana”.
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el 16 de diciembre el bloqueo total de los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una nueva escalada de presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. El anuncio se produjo en medio del despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe, en el contexto de un operativo que Washington vincula a la lucha contra el narcotráfico.
En un mensaje difundido en su red Truth Social, Trump afirmó que Venezuela se encuentra rodeada por una fuerza naval sin precedentes en la región y acusó al gobierno de Maduro de utilizar el petróleo para “financiar actividades ilícitas”.
Días antes, el Comando Sur de Estados Unidos incautó el petrolero Skipper en aguas del Caribe. El buque, sancionado desde 2022 por sus vínculos con una flota sombra de transporte de crudo, fue trasladado a un puerto estadounidense para iniciar un proceso judicial de decomiso de su carga.
La decisión ha incrementado la tensión bilateral y ha generado incertidumbre sobre el impacto inmediato en la industria petrolera venezolana. Caracas calificó las incautaciones como actos de “piratería”, mientras que la Casa Blanca defendió las acciones como parte de su política de sanciones y control de activos vinculados a actividades ilícitas.
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