La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció la madrugada de este domingo 11 de enero la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, un policía del estado Portuguesa, de 52 años de edad, quien se encontraba detenido desde diciembre.
La organización señaló en X que Torres Fernández, quien estaba recluido en la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, falleció el sábado 10 de enero, dos días después del anuncio de las autoridades de la liberación de un “número importante de personas”, un proceso que ONG y la oposición mayoritaria califican de avance a cuentagotas.
El caso de Edison Torres Fernández
Según el Clippve, el funcionario de la Policía de Portuguesa, adscrito a la brigada hospitalaria de Guanare y con más de 20 años de servicio, fue detenido el 9 de diciembre de 2025 por “compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador del estado”, el oficialista Primitivo Cedeño.
De manera extraoficial se le imputaron delitos de traición a la patria y asociación para delinquir, explicó la ONG, sin que hasta ahora exista información oficial sobre las circunstancias del arresto o de su muerte.
La organización advirtió que no hay datos oficiales sobre las causas de su fallecimiento ni sobre la atención médica que habría recibido mientras permanecía bajo custodia, y afirmó que esta falta de transparencia hace responsable al Estado de su vida e integridad. Exigió una “investigación inmediata, independiente y transparente, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos”.
Con Torres Fernández, el Clippve asegura que 22 personas han fallecido bajo custodia del Estado desde 2014. El partido opositor Primero Justicia (PJ) lamentó el fallecimiento y responsabilizó “directamente al régimen de (la presidenta encargada) Delcy Rodríguez”, instando a la libertad “inmediata, plena e incondicional para todos los presos políticos, civiles y militares”.
El 8 de enero, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, anunció que serían liberadas un “número importante de personas”, entre venezolanos y extranjeros, sin precisar cifras ni condiciones.
Desde entonces, ONG han verificado algunas excarcelaciones, aunque aún quedarían más de 800 presos políticos en el país, según cifras difundidas por organizaciones de derechos humanos.
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