Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el miércoles 28 de enero que la administración de Donald Trump actuó ilegalmente al eliminar las protecciones legales para cientos de miles de venezolanos y haitianos que trabajan y viven en Estados Unidos.
Tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos alegaron que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había excedido su autoridad cuando puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas) para las personas que huyeron de los dos países hacia Estados Unidos.
“Las acciones de la secretaria contradicen fundamentalmente el diseño estatutario del Congreso, y su pretensión de ejercer un poder absoluto e ilimitado para anular el TPS de un país es irreconciliable con el lenguaje claro del estatuto”, escribieron los jueces Kim Wardlaw, Salvador Mendoza y Anthony Johnstone en su decisión.
Los funcionarios añadieron que las acciones de Noem dejaron a estas personas en un “estado de temor” a deportaciones, detenciones, separación de sus familias y volver a los países de los que huyeron por situaciones de violencia o persecución.
Donald Trump había intentado eliminar este estatus a otros ciudadanos en 2018, durante su primer periodo presidencial. Sin embargo, la medida fue frenada por impugnaciones legales.
Luego de asumir como secretaria de Seguridad Nacional en 2025, Noem ordenó bajo el consentimiento del mandatario estadounidense, eliminar el TPS para estas nacionalidades alegando que las condiciones en Haití y Venezuela habrían mejorado.
La petición al tribunal
Un grupo de abogados defensores que representan a migrantes afectados por la eliminación del TPS para venezolanos solicitaron el 14 de enero al tribunal de apelaciones que la orden de un tribunal de distrito que impediría al gobierno de Donald Trump poner fin a las protecciones temporales de deportación para unas 600 mil personas en Estados Unidos.
Los migrantes que dejaron de tener la protección ya han tenido consecuencias por esta medida incluso sin haber sido deportados a sus países de origen, debido a que muchos de ellos ya perdieron sus empleos o negocios en territorio estadounidense.
“Hemos demostrado de forma absoluta los perjuicios en los 50 estados”, dijo Ahilan T. Arulanantham, abogado de los demandantes, al panel en la audiencia celebrada en Pasadena, California.
Los abogados y defensores de los migrantes aseguraron que el gobierno ha hecho uno de los mayores esfuerzos de deslegalización de la historia de Estados Unidos, con la intención de expulsar a millones de migrantes del país.
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