La ONG Súmate, dedicada a asuntos electorales, anunció la noche el 10 de febrero que su coordinadora nacional de Formación, Nélida Sánchez, fue excarcelada tras pasar casi un año y medio detenida en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas.
«Ya se encuentra en su casa con buen estado de salud, acobijada por sus familiares más cercanos, entre ellos sus padres e hijas», señaló la ONG en una publicación en X en la que compartió una fotografía de Sánchez con su familia. Súmate agradeció además a todas las personas y organizaciones que alzaron la voz para pedir por la libertad de la activista.
Súmate también pidió al Estado que, «en este momento histórico que vive el país», libere a todos los presos políticos. La organización ha denunciado en reiteradas ocasiones irregularidades en el proceso judicial seguido contra su coordinadora.
Informamos que en la noche de hoy martes #10Febrero nuestra compañera Nélida Sánchez fue excarcelada, luego de casi un año y medio de estar recluida en la prisión de El Helicoide.
Ya se encuentra en su casa con buen estado de salud, acobijada por sus familiares más cercanos,… pic.twitter.com/wgeqVr42kC
— A.C. Súmate (@Sumate) February 11, 2026
Las acusaciones y el contexto político
Sánchez, detenida el 26 de agosto de 2024, fue acusada de los delitos de instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria y terrorismo, que Súmate ha asegurado en diversas oportunidades no cometió. La ONG ha denunciado que su coordinadora fue detenida «sin orden judicial y bajo engaño».
Además, ha declarado que la acusación se basa en dos mensajes publicados en la red social X con fecha posterior a su privación de libertad personal, que nunca emitió y que no aparecen en su cuenta personal. Estas denuncias se suman a cuestionamientos sobre el debido proceso y las pruebas presentadas en el expediente.
La detención de la activista se produjo en el contexto de la crisis política que se desató en Venezuela después de la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio de 2024, un momento en el que la mayor coalición opositora, que denuncia «fraude» electoral, alertó sobre el aumento de la «persecución» y «represión» por parte del chavismo.
En septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la integrante de Súmate, al considerar que se encontraba en «una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».
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