Un borrador del proyecto de ley de amnistía fue difundido por la Asamblea Nacional el 5 de febrero. Ell texto y las condiciones de una amnistía general están siendo sometidos a consulta a través de una comisión de diputados. Sin embargo, organizaciones como la Coalición Feministra Contra la Violencia Judicial (CFCVJ) detectaron en la propuesta una ausencia de perspectiva de género que les preocupa.
La coalición integrada por cuatro expertas en distintas áreas (derecho, política,antropología y pedagogía), revisó el borrador y plasmó en un documento sus observaciones con base en el contexto político y judicial venezolano. El equipo de El Diario conversó con ellas para profundizar en los aspectos que puede mejorar el proyecto y se incluya la perspectiva de género.
Una de las voceras de la coalición comentó que desde lo personal el anuncio de una ley de amnistía general fue sorpresivo y parecía un indicador de cambio político.
“Pensé que debíamos tomarlo con cautela, pero a la vez entender que algo estaba pasando y nosotras no podemos estar fuera de ese debate, sobre todo porque hemos venido trabajando con el tema del funcionamiento judicial en lo que son las perspectivas de género”, explicó una de las integrantes de la coalición entrevista para El Diario*.
Las expertas detallaron que en Venezuela no existe un protocolo para juzgar con perspectiva de género, pero tampoco se ha mostrado una voluntad de empezar a emplearlo por parte del sistema judicial, por lo que consideran que la participación de feministas dentro de la consulta y revisión del proyecto puede ser una paso fundamental.
Un instrumento legal en el que la coalición sustenta sus recomendaciones son las Reglas de Bangkok, un conjunto de 70 normas internacionales aprobadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU), con la intención de mejorar el trato a las mujeres privadas de libertad y atender sus necesidades específicas. Se centran en la perspectiva de género, considerando la maternidad, salud y vulnerabilidad, buscando medidas alternativas a la prisión.
Mujeres judicializadas
Las expertas señalaron que han tenido acercamientos con distintos tipos de causas penales, debido a que las mujeres pueden ser judicializadas en distintos contextos y por diferentes acusaciones, por lo que consideran una idea errónea que la perspectiva de género solo se aplica a grupos pequeños.
“Las mujeres abarcan todo, es decir, que ver con perspectiva de género implica mirar los casos de indígenas, de campesinas, de trabajadoras y de cualquier categoría. Entonces, nuestra perspectiva puede entenderse como que es limitada porque se habla de mujeres, pero no, las mujeres están en todos esos ámbitos y están acusadas de todos los tipos penales”, indicó la representante de la CFCVJ.
Aclararon que su propuesta es robusta y además de la perspectiva de género abarca temas de derechos humanos, cumplimiento del debido proceso y la justicia transicional.
“El sistema judicial está en disfunción total y hay que remediarlo. La propuesta de amnistía podría ser la oportunidad para esto y claro presentar nuestro trabajo y algunas recomendaciones”, añadieron.
Las expertas coincidieron con organizaciones como Acceso a la Justicia en que uno de los límites importantes que tiene el proyecto es el catálogo de sucesos que cubre la amnistía, debido a que solo habla de 10 momentos o periodos específicos, lo que puede hacer que algunas detenciones o judicializaciones por motivos políticos queden por fuera.
“Han pasado muchísimas cosas desde 1999, no solamente arrestos en el contexto de violencia política, sino que han ocurrido otros tipos de arrestos que también pueden considerarse presos políticos como en el contexto de operaciones especiales o coyunturas que no necesariamente terminan en un suceso de violencia en la calle”, explicaron.
Otra preocupación que manifestaron fue la duda que existe entre la diferenciación entre preso político y preso por motivos o razones políticas, así como aquellos que son calificados de presos de conciencia. Advirtieron que esto reduce aún más la lista de posibles liberaciones y complica el proceso de revisión de casos.
“El simple hecho de que el sistema de administración de la justicia esté reducido o que esté influenciado por el poder Ejecutivo es una decisión política, el hecho de que no haya suficientes recursos para costear investigaciones que tengan la calidad suficiente para apegarse al derecho penal, apegarse a los derechos de las personas judicializada, eso también es una decisión política, entonces estos son presos que en muchos casos de lo están de forma injusta”, afirmaron.
Otro aspecto que les alerta es la posibilidad de que el proyecto de amnistía se instrumentalice como herramienta para calmar el ambiente político, únicamente cubriendo unos pocos delitos.
Sobre las víctimas
La coalición coincide en la importancia de que la amnistía implique también reparación a la víctimas, aclarando que esto no necesariamente implica una indemnización económica. Aseguraron que para que haya una reparación digna se debe reformar completamente el sistema de justicia.
“Un paso importante es reconocer que el aparato judicial sirvió para intereses inmediatos y políticos y la reparación va a ser complicada si eso no se reconoce y se corrige. Este proceso de reparación tiene que estar relacionado con ese compromiso de no repetición que nombramos al final del documento. Porque justamente el fin de las reparaciones es restablecer.la confianza entre la sociedad y el estado”, indicaron.
Las expertas recalcaron que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mencionó que era necesaria una reforma profunda del sistema judicial, por lo que pidieron que esa propuesta no quede como un “comentario puntual” sino que se convierta en un objetivo del gobierno encargado.
En el caso de las mujeres presas por razones políticas, reiteraron que parte de las herramientas para la reparación están plasmadas en las Reglas de Bangkok, convenio que Venezuela firmó en el año 2010, pero del cual no ha hecho pleno cumplimiento.
Explicaron que al privar de libertad a mujeres, en muchos casos esto afecta de manera desproporcionada a sus núcleos familiares y a las comunidades en las que habitan.
Es un perder-perder tener a las mujeres privadas de su libertad por muy largos periodos que por cierto ocurre muchísimo a la judicialización de mujeres y lo sabemos por tantos casos que hemos visto incluso de delitos colectivos en los que las penas de las mujeres son altas aunque no hayan sido las ejecutoras principales.
“Se juzga peor a las mujeres que a los hombres, sobre todo si son madres, por cometer delitos. Es un tema de roles de género y de estereotipos, entonces hay una desproporción entre su baja peligrosidad y sus altas condenas”, añadieron.
La lucha por los protocolos con perspectiva de género
Las expertas lamentaron que los movimientos feministas en Venezuela quizás estén pasando por alto los temas de violencia judicial, debido a que es algo que se repite en la región y muy pocos activistas velan por los derechos de las mujeres privadas de libertad.
“Las feministas antipunitivistas y anticarcelarias somos realmente un grupo muy pequeño. Con respecto al resto del feminismo,nlo forma parte integral de la agenda del movimiento feminista amplio. Entonces hemos tenido muy pocos espacios donde debatir esto y al mismo tiempo está ocurriendo una un proceso de hiperinflación de la población carcelaria femenina desde hace 20 años”, señalaron.
Mencionaron que, a diferencia de lo que ocurre con los privados de libertad hombres, las mujeres presas que fueron cabeza de familia corren un mayor riesgo de no contar con apoyo fuera de prisión, es decir, con algún familiar que le haga llegar comida, artículos personales y medicinas si las necesita.
“Son las mujeres quienes asumen la carga de sostener la vida dentro de la cárcel a sus hijos, a sus esposos y, de hecho, un dato perturbador al respecto de eso es que las mujeres privadas de su libertad normalmente están desasistidas. No tienen quien las sostenga porque digamos este rol de sostener, de contener, de cuidar, se le ha asignado a las mujeres y cuando es la cuidadora quién termina en esta situación queda sola”, explicaron.
Consideran importante que a las organizaciones de madres, esposas, hermanas e incluso hijas que sostienen la lucha por la libertad de los presos políticos también sean reconocidas como víctimas del sistema. Esto se debe a que en distintos escenarios son sometidas a situaciones de violencia como hostigamiento fuera de las cárceles.
En cuanto a la consulta y las recomendaciones
Las activistas respaldan que la propuesta sea consultada y que se tome en cuenta la opinión de las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, también hicieron un llamado a organizarse conjuntamente entre distintas organizaciones para centrar sus recomendaciones y peticiones.
“Sin organización conjunta de las distintas organizaciones que acudan a formular todas las preocupaciones juntas, pues se ve a quedar en un problema en el aire y va a terminar siendo un asunto selectivo por parte de las autoridades”.
Propusieron la creación de una comisión de la verdad judicial, porque consideran que sin una figura como esta es complejo lograr un criterio imparcial a la hora de hacer las revisiones de los casos beneficiados con amnistía.
Además de las limitaciones que ya mencionaron, la coalición ve con preocupación que el proyecto asegure no tener ningún impacto en el presupuesto de la nación, debido a que la revisión caso por caso requerirá un financiamiento para hacerse de forma adecuada.
“Nosotras nos preguntamos cómo no va a haber una inversión del gobierno sobre este proceso, cuando lo requiere para que sea real porque básicamente si no hay una inversión, no hay más actrices y actores involucrados en este proceso y queda en manos del Poder Judicial que, de hecho, fue el responsable de estas de estos arrestos y de estas judicializaciones injustas, entonces es muy paradójico”, añadieron.
La coalición insta a que tanto para el proceso de amnistía como para una reforma del poder judicial se tome en cuenta la situación de las mujeres privadas de libertad y que principalmente sus casos sean evaluados con la base de las Reglas de Bangkok con la esperanza de que puedan retomar sus vidas sin temor a que ninguna sea judicializadas de forma injusta nuevamente.
*Las integrantes de la coalición entrevistadas para este trabajo prefirieron no revelar su identidad frente a los riesgos de retaliación que aún persisten en Venezuela
La entrada Un proyecto de ley de amnistía sin perspectiva de género: la omisión que preocupa a activistas se publicó primero en El Diario Venezuela – elDiario.com.
