Amnistía Internacional (AI) denunció el viernes 13 de febrero en un artículo de X que las autoridades no han mostrado avances claros en la investigación ni garantías de protección, tras cuatro meses del atentado contra los activistas venezolanos Luis Peche y Yendri Velásquez, en Colombia.
La organización explicó que los activistas se unen a un grupo de venezolanos que han huido del país y que no cuentan con protección internacional adecuada.
“Este ataque no puede tratarse como un ataque aislado. Refleja los riesgos que enfrentan personas migrantes y refugiadas, sobre todo quienes han sido perseguidas por su activismo. La obligación del Estado es proteger e investigar con urgencia. Cada día sin avances profundiza el daño”, indicó Valentina Baliesta, directora de investigación de Amnistía Internacional para las Américas, en la nota.
El artículo menciona que Colombia es el principal país receptor de venezolanos desplazados por la crisis de derechos humanos en el país. Señalaron que los países que reciben a migrantes y refugiados tienen “obligaciones claras bajo el derecho internacional” que no se limitan a dejarlos permanecer en el territorio.
“También deben garantizar acceso efectivo y sin demoras irrazonables a los procedimientos para otorgar la condición de refugiado, adaptar medidas oportunas de protección frente a riesgos previsibles, e investigar y sancionar con debida diligencia los actos de violencia”, detalla la nota.
Marcos Gómez, director de la sección de Venezuela de Amnistía Internacional, explicó que los activistas Yendri Velásquez y Luis Peche deberían estar sujetos a una protección especial, debido a que son personas defensoras de derechos humanos.
Rechazo a la impunidad
AI señaló que la falta de avance en las investigaciones tras cuatro meses del atentado contra los activistas “prolonga el sufrimiento de las víctimas y envía un mensaje peligroso de tolerancia frente a estos ataques”.
La organización mencionó que el hecho de que esta situación ocurra en Colombia es más grave, debido a que ese país enfrenta una crisis de violencia contra los defensores de derechos humanos desde hace varios años.
“La impunidad también es una forma de violencia, cuando los Estados no investigan con seriedad y celeridad, incumplen su deber de garantía y erosionan la confianza en las instituciones”, agrega el artículo.
Amnistía Internacional instó a la Fiscalía General de la Nación en Colombia a avanzar de manera inmediata, exhaustiva e imparcial en las investigaciones de este atentado. También pidió garantizar medidas de protección adecuadas para las víctimas y reafirmar su compromiso con el resguardo de las personas que solicitan refugio.
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