Estados Unidos emitió una orden de deportación contra el ex preso político Villca Fernández, luego de que se negara la apelación que presentó a la decisión de cerrar su caso de asilo.
“Lamento profundamente informar que mi apelación contra la decisión de cerrar mi caso de asilo en los Estados Unidos ha sido denegada, y ahora se ha emitido una orden de deportación en mi contra”, indicó Fernández en una publicación de X el viernes 20 de febrero.
El activista explicó que existen múltiples evidencias de la persecución a la que está expuesto, así como pruebas en medios de comunicación y organizaciones como Amnistía Internacional que describen su vida y activismo.
“Es increíblemente lamentable que mi vida vuelva a estar en peligro. Vine a Estados Unidos en busca de protección, y ahora siento que se me está dando la espalda en el momento más crítico de mi vida”, agregó.
Aclaró que apoya las iniciativas internacionales de detener a Nicolás Maduro y a figuras delictivas venezolanas. Sin embargo, considera que en el país todavía hay impunidad y continúan en puestos de poder las personas relacionadas con su detención en el año 2016.
Fernández estuvo privado de libertad por más de dos años en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, donde habría sido víctima de torturas.
En junio de 2018, el dirigente fue excarcelado, presuntamente bajo la condición de que debía exiliarse a Perú. Fuera de Venezuela denunció las situaciones a las que estuvo expuesto y cómo se produjo su salida de prisión.
Habló sobre la Ley de Amnistía
Horas antes de la publicación de Fernández, la Asamblea Nacional en Venezuela aprobó en segunda discusión y por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
El exiliado señaló que esta medida no es garantía suficiente para las personas que han sufrido persecución política en las últimas décadas en Venezuela, por lo que insistió en que su vida sigue en riesgo si regresa al país.
“La supuesta ley de amnistía promovida por la dictadura venezolana no garantiza protección real para todos los presos políticos, ni permite el retorno seguro de los exiliados. La tortura, el hostigamiento y la impunidad persisten”, expresó.
Alegó que su caso no es aislado, sino que refleja la “realidad de miles de venezolanos” en busca de protección y que hoy enfrentan la incertidumbre de las amenazas de deportación en Estados Unidos.
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