El gobierno encargado de Venezuela rechazó la decisión de Estados Unidos de renovar por un año más la denominada “emergencia nacional” con respecto al país, medida prorrogada el 18 de febrero de 2026 por la administración del presidente Donald Trump.
A través de un comunicado oficial, publicado por el canciller Iván Gil el 21 de febrero, el gobierno calificó la medida estadounidense como “injustificada” y aseguró que, desde su origen en 2015 en el gobierno de Barack Obama, ha estado sustentada en argumentos “alejados de la verdad y del derecho internacional”.
“Desde su origen, este instrumento fue concebido sin base objetiva ni justificación real, bajo argumentos alejados de la verdad y del derecho internacional, calificando de manera insólita a Venezuela como un ‘amenaza inusual y extraordinaria´”, se lee en el comunicado.

El Ejecutivo venezolano sostuvo que el país “no representa amenaza alguna” para el pueblo ni para el gobierno de Estados Unidos, ni para ninguna otra nación. Afirmó que la continuidad de la medida solo contribuye a sostener “narrativas de confrontación” que, a su juicio, no reflejan los vínculos “históricos, culturales y humanos” entre ambas naciones.
En el comunicado, Caracas exhortó a Washington a asumir un “papel constructivo” en la conducción de las relaciones bilaterales, abandonar enfoques unilaterales y avanzar hacia un escenario de diálogo basado en el respeto a la soberanía y la no injerencia.
La renovación firmada el 18 de febrero
La emergencia nacional fue declarada originalmente el 8 de marzo de 2015 mediante la Orden Ejecutiva 13692. En ese documento, la Casa Blanca argumentó que la situación en Venezuela, incluyendo denuncias sobre violaciones de derechos humanos, persecución de opositores políticos, restricciones a la libertad de prensa, uso de la violencia en protestas y presuntos actos de corrupción gubernamental, constituía una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Desde entonces, sucesivas órdenes ejecutivas ampliaron y desarrollaron las medidas adoptadas bajo ese marco. El 18 de febrero de 2026, el presidente Trump notificó la extensión por un año de la emergencia nacional, al considerar que las circunstancias descritas en las órdenes anteriores “continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria” para Estados Unidos, en conformidad con la Ley de Emergencias Nacionales.
La decisión mantiene vigente en esta base legal la que sustenta las sanciones y restricciones impuestas por Washington a Venezuela, en un contexto de relaciones bilaterales marcadas por tensiones políticas y diplomáticas desde hace más de una década.
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