España arrastra desde hace más de una década una serie de conflictos internacionales complejos y costosos. El recorte de las primas a las energías renovables con la reforma del sector eléctrico en 2013 desencadenó una oleada de demandas que los inversores perjudicados presentaron ante distintas cortes de arbitraje para reclamar indemnizaciones millonarias. Hasta hace unos años, esta batalla ha sido silenciosa, limitada a grandes despachos de abogados internacionales y tribunales especializados. Ahora, con la mayoría de estos litigios resueltos, el conflicto ha escalado a la esfera pública debido a las medidas de presión que fondos oportunistas están desplegando para tratar de cobrar compensaciones que, a día de hoy, ascienden a unos 1.800 millones de euros en indemnizaciones (más de 2.300 millones si suman costas procesales e intereses legales y de demora): el embargo de bienes y activos de España fuera de sus fronteras.
