En un sombrío contexto global dominado por la erosión que proyectan los avances iliberales sobre la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales, es necesario recordar la existencia de mecanismos de garantía que actúan como efectivos baluarte de defensa. Un destacado protagonismo asume en el desempeño de esta tarea la decisiva contribución de los tribunales supranacionales que operan en distintos ámbitos geográficos. Sin dejar de señalar la valiosa labor que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está desarrollando en circunstancias políticas cada vez más adversas, me centraré específicamente en la aportación que, en la Unión Europea, realiza su Tribunal de Justicia (TJUE). Así se desprende claramente de las sucesivas resoluciones en las que ha declarado que las distintas leyes en materia jurisdiccional aprobadas en Polonia durante la etapa en el Gobierno del (iliberal) Partido Libertad y Justicia, son contrarias al Derecho de la Unión. La vulneración del principio de independencia judicial que es consustancial al Estado de derecho (uno de los valores de la Unión), así como la del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva garantizados por el ordenamiento europeo, han servido de base para su adopción. La reciente sentencia Comisión contra Hungría aporta una nueva y contundente prueba del compromiso del TJUE con los valores y derechos fundamentales de la Unión, en esta ocasión centrada en la prohibición de discriminación por razón de orientación sexual.
