La combinación de crisis económica, migración, persecución política y restricciones al espacio cívico debilitaron significativamente la capacidad de respuesta de la sociedad civil. La desaparición de muchos espacios genera preocupación en activistas por el impacto en la capacidad de atención y apoyo a las víctimas que, en numerosos casos, quedan sin opciones de ayuda.
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