Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informó el lunes 25 de agosto que, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, se implementará un despliegue militar en las zonas de paz ubicadas en las áreas fronterizas de los estados Zulia y Táchira.
El funcionario dijo que se trata de un “refuerzo operacional” que se suma a las unidades que ya intervienen en las áreas binacionales, y que contará con 15 mil funcionarios, así como con refuerzos fluviales, aéreos y el apoyo de drones.
“Nuestro presidente ha decidido activar de manera inmediata la zona de paz número 1 que incluye el estado Táchira y el estado Zulia y ha ordenado un gran refuerzo operacional de lo que ya existe allí (…). Pedimos al gobierno colombiano, quien ha estado colaborando, que haga lo propio para asegurar la paz en todo el eje, para desalojar a quien quiera radicarse para cometer delitos en la zona de la frontera”, expresó Cabello.
El ministro precisó que se seguirán anunciando nuevas medidas como parte de la estrategia del gobierno venezolano para combatir el narcotráfico. Estas acciones, dijo, buscan fortalecer la seguridad en las fronteras y garantizar la paz en el país.
Despliegues militares en Venezuela
El 18 de agosto, Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos (componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana), en todo el país, como respuesta a la presencia militar estadounidense en las aguas del mar Caribe.
El presidente indicó que esto forma parte de un plan de paz más amplio que garantizará la estabilidad y protección del territorio venezolano. Tras este anuncio, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que las autoridades también están presentes en las aguas del país.
“Nosotros también estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde, en nuestro mar, nuestra propiedad, territorio venezolano”, manifestó Cabello en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Posteriormente, el 19 de agosto, los representantes de la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de Venezuela aseguraron que la acusación de Estados Unidos contra el presidente Maduro por su supuesta vinculación con el narcotráfico es una “calumnia” y un atentado contra la soberanía.
La declaración sucedió luego de que el 7 de agosto, el gobierno de Trump aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, a quien acusó de colaborar con organizaciones de narcotráfico y de haber “estrangulado la democracia”.
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