Como decimos en la Argentina, el Gobierno “pisó el palito”. Al pedir —y conseguir de manera preliminar— que la Justicia prohíba a los periodistas difundir cualquier grabación clandestina que haya de Karina Milei, solo logró reforzar las sospechas que rodean a la hermanísima presidencial. Si no, ¿por qué tanto afán en que no se difundan esos audios? Y desde la perspectiva jurídica y periodística, ¿qué diferencia hay entre esta iniciativa de la Casa Rosada y un acto de censura previa?
