El Tribunal Supremo español ha condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos en relación con la presunta filtración de un correo relacionado con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El alto tribunal adelantó el fallo tras un inédito juicio que sentó por primera vez en el banquillo al responsable del Ministerio Público español.
Las claves del juicio
Seis jornadas de juicio y cuarenta testigos han servido para que las partes afiancen sus posiciones enfrentadas: siete acusaciones, entre ellas González Amador.
¿Quién filtró el correo?
Puede que no se sepa jamás. Y por ese mismo motivo se ha llegado hasta el juicio, pero una vez terminado no quedan pruebas claras de quién filtró a la prensa la confesión del novio de la presidenta madrileña.
La vista oral ha finalizado sin prueba directa contra el fiscal general de que fue el filtrador del correo. No hay un mensaje, una llamada, un papel, un burofax. No existe un soporte gráfico o escrito concluyente que revele la identidad de la filtración más mediática de los últimos tiempos.
Los periodistas que han declarado que tuvieron el correo antes que García Ortiz no han revelado su fuente por secreto profesional, aunque sí han declarado, bajo juramento, que no recibieron la información del fiscal general.
La Fiscalía dio una pista esclarecedora. Dijo que la revelación de secretos no es un delito que deje rastro precisamente porque el filtrador trata de evitar toda huella digital o escrita que le pueda incriminar, de ahí la dificultad de perseguir este delito. El fiscal general dijo que pidió los correos para cerrar la nota de prensa que distribuyó posteriormente. Las acusaciones consideran que filtró antes para blanquear así esa nota.
¿Hay delito?
La Fiscalía y la Abogacía del Estado -que defiende a García Ortiz- se han afanado en subrayar que, según la doctrina del Supremo, no hay revelación de secretos si no hay secreto que revelar.
La defensa sostiene que todo se sabía: varios periodistas han afirmado que conocieron el famoso correo del abogado de González Amador antes que el fiscal general; otros sabían de la intención de reconocer los delitos e intentar un pacto, y además este empresario habló con un periodista y le autorizó difundirlo.
En cambio, para las acusaciones, en especial el abogado de González Amador, que la información «estuviera en los medios no eliminaba» que fuera delito y, tras restar credibilidad a los periodistas, insistió en que no era necesario mencionar la admisión de los delitos en la nota de prensa que envió la Fiscalía después de la filtración.
El volcado de información y el borrado del móvil
La Abogacía del Estado ha denunciado que la Unidad Central Operativa (UCO, el grupo especial de investigación de la Policía Judicial), clonó «el contenido íntegro» de los dispositivos del fiscal «sin cobertura legal» porque se excedió el marco temporal que estableció el juez.
Por su parte, la acusación se aferra al hecho de que el fiscal general borró los datos de su móvil el 16 de octubre de 2024 -día en que arrancó la causa-, lo que es, también para el juez instructor -el que decidió enviar el caso a juicio-, uno de los principales indicios en su contra.
Las acusaciones han hecho hincapié en que eliminó «todos los registros de hechos delictivos», pero también «todo el rastro de prueba de descargo», también al cerrar su cuenta de correo durante la investigación.
«No hay ningún ánimo de ocultación», aseguró García Ortiz, y si lo hubiese, lo habría borrado mucho antes, dijo su defensa. Ambos aludieron a los borrados «sistemáticos» del móvil ante el volumen y la importancia de la información que albergaba y recordaron que cerró su correo por la filtración de un informe de la UCO, dos meses después del registro a su despacho.
La carga política del caso
El abogado de la pareja de Ayuso ve un plan político, que viene desde el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez, para cargar contra la presidenta madrileña, una de las figuras más influyentes de la derecha española.
Por su parte, la defensa y Fiscalía apuntan a la región de Madrid, en concreto a la mano derecha de Isabel Diaz Ayuso por distribuir una información falsa que cuestionaba a la Fiscalía por decir que la propuesta de pacto salió del Ministerio Público.
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