La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó este jueves 19 de febrero a la Asamblea Nacional (AN), al programa de diálogo político y a la comisión encargada de reformar el sistema de justicia que revisen los casos que no quedaron contemplados dentro de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática recientemente aprobada por el Parlamento.
El texto ya había recibido el visto bueno en primera discusión el 5 de febrero, pero aún debía someterse a un debate final antes de quedar formalmente sancionado.
Entre los puntos más debatidos estuvo el artículo 7, que establece que las personas interesadas en recibir el beneficio deben “ponerse a derecho”, es decir, presentarse ante tribunales para que se evalúe cada caso. Durante la discusión se incorporó una excepción para quienes estén fuera del país, permitiendo que puedan ser representados por un abogado mediante poder otorgado.
El artículo 11 dispone que el tribunal competente verificará las condiciones de la amnistía y podrá decretar la nulidad de procesos en curso o revisar sentencias firmes mediante una “sentencia de reemplazo”, en un plazo que no excederá los 15 días continuos. Además, se designó una comisión especial integrada por 23 diputados —oficialistas y opositores— encargada de impulsar mecanismos para la implementación de la ley.
Según la exposición de motivos, la normativa busca ofrecer una oportunidad para la convivencia democrática y reducir la confrontación política. Sin embargo, limita su alcance a 10 coyunturas específicas, desde el intento de golpe de Estado de abril de 2002 hasta las protestas posteriores a la elección presidencial del 28 de julio de 2024.
Cuestionamientos y reacciones de ONG
La aprobación del instrumento generó críticas de organizaciones de derechos humanos, abogados y dirigentes políticos que consideran que la ley contiene exclusiones significativas. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón afirmó que el texto resulta “revictimizante y excluyente” y advirtió que no garantiza la liberación plena de todos los presos políticos.
El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que el periodo temporal contemplado sería limitado, ya que —según su análisis preliminar— más de 14 años quedarían completamente fuera del alcance de la norma y, dentro de los años incluidos, solo se abarcarían meses o momentos puntuales.
Por su parte, el coordinador general de Provea, Óscar Murillo, cuestionó lo que calificó como un “exceso de exclusiones” que, a su juicio, no está exigido por la Constitución ni por estándares internacionales de derechos humanos. También señaló que el texto no incorpora medidas como el levantamiento de inhabilitaciones políticas, garantías de retorno seguro para quienes están en el exterior ni la restitución de bienes incautados.
Familiares de presos políticos también reaccionaron tras la aprobación. Algunos levantaron huelgas de hambre iniciadas días antes, aunque aseguraron que mantendrán vigilias a la espera de excarcelaciones y de la aplicación efectiva de la ley.
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