La dirigente opositora y presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, cuestionó este jueves 12 de febrero el informe de la segunda discusión del proyecto de ley de amnistía, al considerar que, pese a incorporar “algunos ajustes formales”, el texto continúa siendo insuficiente y mantiene “riesgos importantes” que deben ser advertidos.
A través de su cuenta en la red social X, Solórzano señaló que el proyecto limita estrictamente su aplicación a hechos calificados como “violencia por motivos políticos”, circunscritos a momentos específicos previamente enumerados, lo que deja fuera múltiples manifestaciones de persecución política que no encajan en esos episodios puntuales.
“Resultan insuficientes frente al amplio periodo temporal que el propio documento declara abarcar”, afirmó, al tiempo que cuestionó que no se aborde la dimensión estructural de la criminalización desarrollada durante los últimos años.
#ATENCIÓN #ACTUALIZACIÓN #AMNISTÍA
He revisado el informe de segunda discusión del Proyecto de Amnistía.
Aunque introduce algunos ajustes formales, el texto sigue siendo insuficiente y mantiene riesgos importantes que deben advertirse con claridad.
El proyecto continúa…
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) February 12, 2026
Requisito de comparecencia
La dirigente también alertó sobre una disposición que calificó como “especialmente delicada”, aunque precisó que no fue aprobada en la jornada. Se trata de la exigencia de que la persona “esté a derecho o se ponga a derecho” para poder beneficiarse de la amnistía.
Solórzano sostuvo que este requisito desnaturaliza la figura jurídica de la amnistía, ya que no se trata de un acto de juzgamiento ni de imposición de pena, sino de una decisión legislativa que extingue la acción penal.
“La amnistía no exige comparecencia para garantizar defensa alguna. Condicionar su eficacia a la presentación ante el tribunal la subordina al mismo sistema judicial que se pretende neutralizar”, explicó la dirigente.
Según indicó, esta condición impactaría directamente a exiliados y personas con órdenes de captura, al supeditar su libertad a la comparecencia ante el mismo sistema que —afirma— ejecutó la persecución.
Exclusiones y omisiones
En su pronunciamiento, Solórzano enumeró lo que considera exclusiones relevantes del proyecto:
- Los hechos derivados de la Ley Simón Bolívar y de la Ley Contra el Odio, así como otros instrumentos utilizados para criminalizar la disidencia.
- La ausencia de disposiciones derogatorias de esas leyes.
- El levantamiento de inhabilitaciones políticas y la anulación expresa de sanciones administrativas impuestas por razones políticas.
Asimismo, advirtió que la amnistía prevista no opera de manera automática, ya que su aplicación quedaría sometida a verificación judicial caso por caso, con un sistema de recursos que incluye apelación.
“Esto significa que la libertad no es inmediata, sino que queda sujeta a la decisión y revisión del mismo Poder Judicial que ha sostenido la persecución”, afirmó.
También cuestionó que el seguimiento del proceso quede en manos de una comisión especial de la Asamblea Nacional, al considerar que no se desmonta la estructura jurídica que permitió la persecución.
Llamado a rectificación
Solórzano destacó que hasta el momento solo se ha aprobado el texto hasta el artículo 6, por lo que considera que aún es posible introducir correcciones sustantivas.
“Rectificar a tiempo es una obligación política y jurídica si realmente se aspira a una amnistía efectiva, integral y garantista”, expresó.
A su juicio, una “amnistía verdadera” debe garantizar libertad inmediata y efectiva, retorno seguro de los exiliados, restitución plena de derechos políticos, levantamiento de inhabilitaciones y sanciones administrativas, desmontaje del marco legal represivo y garantías de no repetición.
Finalmente, reiteró la exigencia de liberación “sin más dilaciones” de todos los presos políticos y el restablecimiento pleno del orden constitucional como condición para una transición democrática.
“La amnistía no puede convertirse en una excusa dilatoria para postergar la libertad”, concluyó.
Diferida la aprobación del proyecto de ley de amnistía
Las declaraciones de la dirigente se produjeron horas después de que la Asamblea Nacional aprobó diferir la segunda discusión del proyecto de la ley de amnistía para la convivencia democrática, paso necesario para concretar su sanción definitiva en el Parlamento.
La decisión fue adoptada por unanimidad y obedece a desacuerdos entre las partes por el artículo 7 que exigía a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.
Se prevé que el Parlamento retome el debate el próximo jueves 19 de febrero, cuando podría concretarse la aprobación de la norma.
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