La organización no gubernamental (ONG) Espacio Público denunció el martes 18 de noviembre que un tribunal condenó a 30 años de prisión a la doctora Marggie Orozco por enviar un audio en WhatsApp criticando al gobierno de Nicolás Maduro.
Orozco, de 65 años de edad, se encontraba detenida desde el 5 de agosto de 2024. Esta médica general, con una especialidad en Medicina de Familia, residía en el barrio Cristóbal Colón, del municipio Ayacucho del estado Táchira, de acuerdo con la nota publicada por la ONG.
El Tribunal 4° de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Táchira emitió la sentencia el 16 de noviembre.
En la nota de voz, Orozco incentivó a las personas a ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Además, dio su punto de vista sobre la situación del país.
Alertaron sobre los problemas de salud de la detenida
Una fuente anónima informó a Espacio Público que Orozco tiene antecedentes clínicos de hipertensión pulmonar, trastorno del ritmo cardíaco, infarto al miocardio y depresión.
“Luego de la elección, Marggie Orozco recibió acoso y malos tratos por integrantes del consejo comunal, quienes la tildaron de ‘escuálida’ y la amenazaron con no darle más la caja CLAP y la bombona de gas”, aseguró.
La mujer reaccionó en respuesta a las agresiones enviando un audio de WhatsApp y dos personas la denunciaron y se la llevaron detenida. Hasta diciembre de 2024, estuvo bajo el resguardo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Posteriormente, la trasladaron al Centro Penitenciario de Occidente, en donde su salud se ha deteriorado, de acuerdo con la ONG.
El castigo a la expresión reportado por Espacio Público
Entre 2024 y 2025, Espacio Público registró detenciones, bloqueos, despidos y otras represalias vinculadas al uso de plataformas como WhatsApp, en el contexto poselectoral.
“El uso del derecho penal para castigar expresiones difundidas en mensajería y redes sociales ha sido constante”, advirtió la ONG.

Asimismo, reportaron durante 2023 al menos 22 detenciones por ejercer la libertad de expresión, varias de ellas vinculadas a contenidos difundidos en plataformas digitales.
Espacio Público recordó los señalamientos de la ONU sobre que estas prácticas se inscriben en “un patrón de represión dirigido a disuadir la crítica y restringir el debate público”.
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