Familiares de los presos políticos exigieron una “liberación real” para los detenidos por razones políticas en Zona 7, sede de Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, municipio Sucre de Miranda.
Jessy Orozco, hija del diputado Fernando Orozco y hermana de Bryan Orozco, ambos presos políticos, denunció que las liberaciones prometidas por el gobierno encargado de Delcy Rodríguez aún no se han concretado.
“No hemos presenciado liberación alguna. Nosotros, los familiares de los detenidos en Zona 7, solicitamos de forma categórica que actúen con la máxima celeridad necesaria para la gestión de nuestros casos”, alertó Orozco en un video difundido en la cuenta de X del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).
La manifestante reiteró que, pese a los anuncios hechos el 21 de febrero por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, no se han registrado excarcelaciones recientes en ese centro de reclusión.
“Esperamos que sean liberados de forma plena e inmediata. No permitimos más retrasos ni promesas de liberaciones que no se cumplen, es por eso que exigimos libertad plena para todos los presos políticos”, agregó.

Familiares piden más excarcelaciones en otros centros de reclusión
Durante la noche del 24 de febrero de 2026, otro grupo de familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos se manifestaron en las adyacencias del Rodeo I, en Miranda, para pedir por la libertad de las personas detenidas por razones políticas.
Los asistentes a la vigilia acudieron con velas blancas, banderas de Venezuela y fotografías de sus familiares.
“Justicia y libertad. Este es un canto de lucha y esperanza para que lo escuchen los que hoy permanecen detenidos”, fue la consigna utilizada durante la manifestación.
Este 25 de febrero se cumplieron 48 días desde que se inició la vigilia especial permanente por la libertad de los presos políticos en las cercanías de El Rodeo I.
“A pesar del desgaste físico y emocional acumulado tras semanas de lucha, el cansancio no logra doblegar la fe ni la esperanza de quienes aguardan el retorno de sus seres queridos”, afirmó el Clippve.

Denuncias frente al Palacio de Justicia
Decenas de familiares de presos políticos asistieron el 25 de febrero a las instalaciones del Palacio de Justicia, municipio Libertador de Caracas, para presentar sus solicitudes de amnistía.
Al sitio también acudieron personas para buscar información sobre si el caso de sus familiares aplica o no para esta ley, como por ejemplo, familiares de efectivos militares de la Aviación o la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que se encuentran detenidos.
Además, el equipo de El Diario confirmó que hay personas que se han acercado a los funcionarios para solicitar información de algunos presos que ya cumplieron su condena y que aún no tienen boleta de excarcelación.
Un grupo de funcionarios de la Defensoría Pública se encuentra a las afueras del Palacio de Justicia para brindar asesoría a los familiares de los privados de libertad sobre el caso de sus seres queridos con respecto a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
En cuanto a esta legislación, cubre el periodo comprendido entre 1999 y 2026, pero delimita 13 coyunturas políticas desde 2002. Esto deja fuera arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como casos vinculados a operaciones militares, lo que ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos.
Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental (ONG) Foro Penal, señaló que al menos 400 presos políticos quedan por fuera de la Ley de Amnistía, entre los que resaltan los casos de militares acusados de delitos de traición a la patria.
Sin embargo, el presidente de la AN Jorge Rodríguez afirmó el 21 de febrero que personas excluidas de la Ley de Amnistía podrían recibir “medidas de gracia” o indultos por parte del Ejecutivo nacional, mientras avanzan las excarcelaciones.
Asimismo, indicó que la comisión especial encargada de supervisar la aplicación de la ley, presidida por el diputado Jorge Arreaza, se mantiene en sesión permanente para analizar las solicitudes.
Esta afirmación fue posteriormente confirmada por el diputado Arreaza, quien argumentó que dicha comisión ya evalúa otros casos que se pueden abordar desde el espíritu de la amnistía.
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