El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, afirmó este sábado 21 de febrero que personas excluidas de la Ley de Amnistía podrían recibir “medidas de gracia” o indultos por parte del Ejecutivo nacional, mientras avanzan excarcelaciones derivadas del nuevo instrumento legal aprobado el 19 de febrero.
Durante declaraciones a la prensa tras una reunión de consulta pública del proyecto de ley que regula a la Cruz Roja Venezolana en Caracas, Rodríguez explicó que la amnistía tiene un ámbito “muy específico”, por lo que otras situaciones podrían resolverse mediante decisiones discrecionales del gobierno.
“Muchas otras personas están siendo consideradas (…) en el ámbito de medidas de gracia o de indulto por parte del Ejecutivo nacional”, señaló.
La Ley de Amnistía cubre, en teoría, el periodo comprendido entre 1999 y 2026, pero delimita 13 coyunturas políticas desde 2002. Esto deja fuera arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como casos vinculados a operaciones militares, lo que ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos.
Espacio para revisar casos fuera de la amnistía
Consultado sobre estas exclusiones, Rodríguez sostuvo que tras la promulgación de la ley “se abre un espacio” para que instancias como el Programa de convivencia y paz, instalado en enero, o la comisión para la revolución judicial analicen expedientes y recomienden medidas para personas no contempladas en el texto aprobado por el Parlamento.
En ese contexto, mencionó como ejemplo el caso del exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, quien fue liberado luego de la aprobación de la ley pese a que, según el parlamentario, no le correspondía la amnistía. “Se decidió que se le diera una medida (…) y en este momento goza de libertad plena”, afirmó en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Las declaraciones de Rodríguez se producen en medio de un proceso de excarcelaciones que, según el propio Parlamento, ya suma cientos de liberaciones desde la promulgación de la normativa. El diputado aseguró que las primeras revisiones se concentran en centros de detención como Zona 7 y El Helicoide, en Caracas, aunque no ofreció cifras detalladas ni identidades de los beneficiados.
Asimismo, indicó que la comisión especial encargada de supervisar la aplicación de la ley —presidida por el diputado Jorge Arreaza— se mantiene en sesión permanente para analizar solicitudes. Según sus datos, hasta el viernes se habían recibido 405 peticiones y posteriormente otras 1.152, para un total de 1.557 casos en revisión inmediata.
Por su parte, la ONG Foro Penal estimó que al menos 400 detenidos por motivos políticos podrían quedar fuera de la amnistía y anunció la entrega de una lista inicial con 232 expedientes para evaluación parlamentaria. De acuerdo con sus registros, en Venezuela hay más de 600 presos políticos, cifra que toma en cuenta la excarcelación de 448 personas desde el pasado 8 de enero.
El viernes, Arreaza aseguró en una entrevista televisiva que la Fiscalía General introdujo 379 solicitudes de amnistía ante tribunales competentes y sostuvo que los beneficiados debían ser liberados entre la noche de ese día y la mañana del sábado, como parte de un protocolo diseñado para la aplicación “expedita” de la ley.
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