La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) confirmó este lunes 23 de febrero la liberación de 62 presos políticos en aplicación de la Ley de Amnistía recientemente aprobada en Venezuela. A través de un mensaje publicado en su cuenta en X, la organización calificó la medida como “un alivio invaluable para decenas de familias”, aunque advirtió que la jornada dejó en evidencia “las profundas fallas de un sistema judicial desbordado”.
Según JEP, durante el proceso se repitieron anuncios oficiales de liberaciones que no se ejecutaron de manera inmediata. “Resulta alarmante que se sigan produciendo anuncios oficiales de liberaciones que no se ejecutan de manera inmediata”, expresó la organización, al advertir que esta práctica “juega con las expectativas” en un contexto donde, a su juicio, no existen garantías claras.
La ONG también denunció que los tribunales enfrentaron por primera vez una presentación masiva de casos para evaluación bajo la nueva normativa, lo que derivó en un “colapso total”. De acuerdo con su reporte, la jornada estuvo marcada por “violencia institucional persistente” y una cultura de maltrato que afectó tanto a los beneficiarios de la medida como a sus defensores.
#6:05 pm Confirmamos la liberación de 62 presos políticos en aplicación de la Ley de Amnistía recientemente aprobada en Venezuela, un paso que representa un alivio invaluable para decenas de familias, pero que hoy puso en evidencia las profundas fallas de un sistema judicial…
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) February 23, 2026
En su pronunciamiento, Justicia, Encuentro y Perdón subrayó que, tras años en los que se impidió la designación de abogados privados, durante esta fase del proceso fueron los propios familiares quienes debieron asumir gestiones y realizar largas filas en tribunales. Muchos de ellos, agregó la organización, se encontraban en condiciones de vulnerabilidad económica y emocional.
La ONG alertó además sobre posibles riesgos de discrecionalidad en la aplicación de la Ley de Amnistía y reiteró que cualquier norma de esta naturaleza debe centrarse en la protección de las víctimas y el respeto a su dignidad.
“No habrá una justicia real ni una libertad plena mientras el proceso siga viciado por la arbitrariedad, la falta de transparencia y un sistema que, en lugar de reparar, continúa operando desde el hostigamiento”, concluyó el mensaje.
Denuncia del SNTP
Más temprano, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció que tribunales con competencia en terrorismo en el país se «negaron» a recibir las solicitudes de sobreseimiento (cierre del caso penal) que, conforme a la Ley de Amnistía, pueden presentar las propias víctimas.
En una publicación en X, el SNTP indicó que «asistió y acompañó hoy a un grupo de periodistas en el Palacio de Justicia, quienes introducirían sus peticiones de sobreseimiento, de acuerdo con el artículo 11 de la misma ley».
Sin embargo, prosiguió, «ningún tribunal recibió los escritos, aunque se trata de un trámite estrictamente secretarial», ni «tampoco fueron recibidos» en la Unidad de Recepción de Documentos.
A su juicio, la «negativa a recibir los escritos constituye una denegación de justicia y una violación directa del mandato legal vigente, así como del principio de celeridad y del carácter de orden público de esta ley».
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