Jorge Arreaza, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, informó que el Ministerio Público (MP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recibieron 379 solicitudes de medidas de amnistía que deberán ser ejecutadas en las próximas horas.
Durante una entrevista en el canal Venezolana de Televisión (VTV), el parlamentario indicó que las excarcelaciones deben realizarse entre la noche del viernes 20 y la mañana del sábado 21 de febrero, tras la aprobación y promulgación de la normativa por parte de la Asamblea.
Jorge Arreaza informó que el MP solicitó “medida de Amnistía” para 371 personas en Caracas; 5 en Barinas; 2 en Portuguesa y 1 en Monagas. Agregó que estas personas deben ser “excarceladas, amnistiadas entre la noche de hoy y mañana”… pic.twitter.com/1xmkWB91x3
— Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) February 21, 2026
Según explicó, las solicitudes están distribuidas en 371 casos en Caracas, cinco en Barinas, dos en Portuguesa y uno en Monagas, luego de que el Ministerio Público presentó los expedientes ante los tribunales correspondientes.
Por otro lado, Arreaza confirmó que los exfuncionarios de la Policía Metropolitana no serán beneficiados por la medida de amnistía.
“Lamentablemente esos exfuncionarios incurrieron en uno de los causales que no pueden ser amnistiados, que es homicidio intencional. Están cumpliendo sus sentencia”, dijo.
Sobre la Ley de Amnistía
El anuncio de Arreaza ocurre días después de que el 19 de febrero la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, un instrumento que busca liberar a cientos de personas procesadas por motivos políticos y cerrar causas judiciales vinculadas a episodios de conflictividad ocurridos entre 1999 y 2026.
La normativa establece la creación de una comisión parlamentaria para supervisar su aplicación y fija plazos para que los tribunales revisen los expedientes y ejecuten las medidas correspondientes.
Aunque la ley ha sido presentada por el oficialismo como un paso hacia la reconciliación política, también ha sido cuestionada por las exclusiones contempladas, entre ellas ciertos delitos graves y casos específicos que deberán ser evaluados por instancias judiciales o comisiones técnicas.
En paralelo, familiares de detenidos y organizaciones han mantenido presión pública para que las liberaciones se concreten rápidamente, mientras el Parlamento instaló mecanismos para revisar solicitudes adicionales y casos que no quedaron contemplados inicialmente en el texto legal.
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