Un juez federal dictaminó el lunes 22 de diciembre que el gobierno del presidente Donald Trump negó el debido proceso a cerca de 200 venezolanos que deportó a una prisión de alta seguridad en El Salvador y ordenó que se les dé la oportunidad de tener una audiencia.
El juez James Boasberg dio plazo hasta el 5 de enero para que el Ejecutivo estadounidense presente un plan para permitir que los inmigrantes regresen a Estados Unidos o se les permita defender su caso frente a un juez.
El magistrado también certificó una demanda colectiva, lo que allana el camino para que todos los migrantes enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador en marzo pasado impugnen su designación como enemigos extranjeros de EE UU.
Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para enviar a El Salvador a los inmigrantes a los que acusó, sin presentar pruebas, de que pertenecían al Tren de Aragua, una banda criminal transnacional designada como una organización terrorista.
«Este Tribunal declara que los demandantes no deberían haber sido expulsados de la manera en que lo fueron, prácticamente sin previo aviso y sin oportunidad de impugnar los fundamentos de su expulsión, en clara contravención de sus derechos al debido proceso», escribió el juez en su dictamen que supone un nuevo revés para el gobierno Trump.
La demanda fue interpuesta por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward que argumentaron que la deportación fue ilegal y que El Salvador encarceló a los venezolanos a cambio de un pago.
«No se puede permitir que la expulsión acelerada deje sin efecto este recurso legal (el hábeas corpus). Si el hecho de trasladar secretamente a personas a otro país fuera suficiente para anular el hábeas corpus, entonces ‘el gobierno podría secuestrar a cualquiera en la calle, entregarlo a un país extranjero y, de esta manera, impedir cualquier posibilidad de recurso legal’», dijo en su fallo Boasberg.
El caso relacionado con la Ley de Enemigos Extranjeros ha puesto en la mira a la administración Trump por exponer faltas al debido proceso, protegido por la Constitución de EE.UU.
Tras meses de presión de las familias de los inmigrantes, los venezolanos fueron enviados a su país natal en julio pasado, en un intercambio de rehenes entre EE UU y el gobierno de Nicolás Maduro.
Investigan si funcionarios violaron orden judicial
Boasberg también investiga si los funcionarios del gobierno Trump violaron una orden judicial que el mismo había emitido prohibiendo los vuelos de deportación a El Salvador.
En noviembre pasado, el juez dijo que llamaría a declarar al menos a dos personas relacionadas con el caso: Erez Reuveni, un informante del Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) que fue despedido, y Drew Ensign, un abogado del mismo departamento a quien Reuveni acusó de engañar al tribunal sobre los vuelos de migrantes, de acuerdo a información citada por el Washington Post.
En su primera opinión de más de 40 páginas, el magistrado acusó al Ejecutivo de haber ignorado con «completo menosprecio» una orden judicial que les instruía a dar marcha atrás al envío de los migrantes al país centroamericano.
«La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla», escribió el juez en su fallo de abril pasado.
Por el envío de inmigrantes a El Salvador, la Casa Blanca también mantiene otro pulso judicial en el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García que fue expulsado junto a los venezolanos y fue retornado a EE.UU. por orden de un juez.
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