La justicia de Argentina restringió el 19 de noviembre la cantidad de visitas para la expresidenta de ese país Cristina Fernández, quien se encuentra en prisión domiciliaria desde junio de 2025.
El Tribunal Oral Federal 2, a cargo del juez Jorge Gorini, dispuso que la presidenta del Partido Justicialista (PJ) podrá recibir visitas en su domicilio solo dos veces por semana durante un máximo de dos horas y no podrán ser grupos formados por más de tres personas.
La medida judicial se conoció tras un encuentro, el 17 de noviembre, entre la exmandataria, condenada por irregularidades en la concesión de obras viales durante su gobierno, con nueve economistas, quienes estaban habilitados para visitarla, pero no al mismo tiempo.
Las nuevas disposiciones no alterarán los permisos para sus familiares, allegados, asistentes, personal de salud, abogados defensores y la custodia policial que el Estado argentino asigna a los expresidentes.
La respuesta de Cristina Fernández
Fernández respondió a través de una publicación en la red social X, donde atribuyó la decisión judicial al «bestiario mediático» (medios de comunicación) y a que su reunión con economistas tuvo como objetivo la presentación de un proyecto «de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI».
«El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque. ¿El motivo? Una foto mía, en San José 1111, junto a nueve jóvenes economistas que, en representación de más de 80 profesionales, me presentaron consideraciones y propuestas sobre un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI», escribió Fernández.
Otras medidas judiciales contra Cristina Fernández
El 18 de noviembre, la justicia argentina resolvió confiscar propiedades y una suma millonaria a la líder peronista y otros involucrados en la causa “Vialidad”, por la cual cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires resolvió confiscar propiedades y sumas de dinero por un total actualizado de $684.990 millones de pesos (unos 480 millones de dólares) en la causa que investigó irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz.
En total, a la familia Kirchner-Fernández se le confiscarán 20 propiedades: un inmueble inscrito a nombre de la expresidenta y otras 19 al de sus hijos Máximo y Florencia.
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