La organización no gubernamental (ONG) Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó el 7 de enero sobre las denuncias de la suspensión de la paquetería y de las visitas a personas privadas de libertad por motivos políticos en diversos centros de reclusión del país.
“Estas medidas, adoptadas sin información oficial ni criterios transparentes, agravan el clima de zozobra que atraviesan las familias venezolanas tras los recientes acontecimientos vividos en el país”, indicó la organización en sus redes sociales.
JEP agregó que la suspensión prolongada de estos beneficios no es una medida administrativa aislada, sino una práctica que deteriora las condiciones de los presos políticos y sus familiares.
“La imposibilidad de saber cómo se encuentran las personas privadas de libertad profundiza el sufrimiento emocional y la sensación de indefensión que hoy se vive en amplios sectores de la sociedad”, advirtió la ONG.
Además, enfatizó que el aislamiento incrementa la ansiedad y el daño psicosocial de los privados de libertad.
La ONG aseguró que acompaña y respalda la denuncia de los familiares, con la alerta de que estas restricciones se inscriben en un patrón de endurecimiento de las condiciones de detención.
“Exigimos a las autoridades el restablecimiento regular de la paquetería, la reanudación de las visitas familiares y la garantía de condiciones mínimas de trato digno para todas las personas privadas de libertad”, señaló JEP.
Hechos previos
La denuncia de JEP se suma a reportes previos de otras instancias de defensa de derechos humanos.
El 6 de enero, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) denunció una situación similar en el Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, ubicado en el estado Miranda.
En dicho recinto, las autoridades habrían suspendido tanto el derecho a la paquetería como a las visitas, lo que deja a las mujeres recluidas en una situación de mayor vulnerabilidad.
Asimismo, familiares de 19 colombianos presos en Venezuela volvieron este martes 6 de enero a la frontera entre los dos países para reclamar la liberación de sus parientes, aprovechando la visibilidad internacional de la zona tras la intervención de Estados Unidos que llevó a la captura de Nicolás Maduro.
Con fotos de los detenidos, el grupo se congregó en el puente internacional Simón Bolívar, que conecta el departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano del Táchira, para exigir la libertad de los presos que, según dijeron, están detenidos injustamente.
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