Es falso. Tarek William Saab, actual defensor del Pueblo encargado y quien recientemente renunció al cargo de fiscal general, ofreció unas declaraciones el jueves 26 de febrero en las que dio a entender que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática duraría solo 15 días. Sin embargo, esta afirmación es falsa.
“Como defensor del Pueblo continuaremos en esa tarea en los 11 o 10 días que quedan, porque recordemos que la Ley de Amnistía es para 15 días, y lograr el objetivo que es la reconciliación absoluta”, expresó Saab en un encuentro con medios de comunicación.
Pero la Ley de Amnistía no establece una vigencia, sino que se aprobó como una norma que comenzó a aplicarse el viernes 20 de febrero, un día después de su aprobación en segunda discusión por los diputados de la Asamblea Nacional.
Tampoco hay un plazo fijo hasta el momento para presentar solicitudes de amnistía ante los tribunales. Alí Daniels, abogado y miembro de Acceso a la Justicia, aclaró en sus redes sociales la confusión que generó la declaración del funcionario.
“Esto no es cierto. El único lapso de 15 días es el que tiene el juez para decidir sobre la solicitud de amnistía. La ley no establece lapso de caducidad para solicitar la amnistía, que puede hacerse en cualquier momento luego de su entrada en vigencia”, escribió Daniels en una publicación de X.
¿Qué dice la ley sobre la vigencia y los lapsos?
La disposición final única de la Ley de Amnistía para convivencia democrática establece que la ley entra en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial, la cual tiene fecha del 19 de febrero. No obstante no contempla el vencimiento de esta vigencia.
Un límite que sí queda claro en la ley es en el ámbito temporal descrito en el artículo 6, que señala que los “hechos amnistiados” constituyen delitos o faltas cometidas entre el 1° de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de la ley.
El artículo 11 de la ley establece cómo debe ser el procedimiento judicial:
“Artículo 11. El tribunal competente, a instancia de parte, verificará los supuestos de la amnistía en cada caso y decretará el sobreseimiento de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para su anulación mediante sentencias de reemplazo, en un plazo que no excederá de quince (15) días continuos. Asimismo, dictará todas las medidas o providencias necesarias para asegurar el cumplimiento de esta Ley, incluyendo el cese de las medidas de coerción personal, de las medidas alternativas a la privación de libertad y cualquier otra medida que haya sido acordada.
Corresponderá al tribunal de control o juicio conocer y decidir las solicitudes presentadas en los procesos que se encuentren en fase preparatoria, intermedia o de juicio. La solicitud podrá ser presentada por el Ministerio Público, la persona imputada o acusada o su defensor o defensora”.
Una de las limitaciones de la ley son los hechos de violencia política seleccionados para considerar las amnistías, debido a que solo se contemplan 13 sucesos en 13 años distintos. Lo que deja por fuera del beneficio de amnistía a las personas judicializadas o presas por razones políticas en los años no mencionados en la legislación.
Pasos para solicitar la amnistía
– Designación de defensa: el proceso inicia con el nombramiento de un abogado, ya sea privado o público. En los casos donde los afectados se encuentren fuera del país, la ley admite el uso de un poder simple para formalizar la representación legal.
– Consignación ante el tribunal: la solicitud formal debe presentarse ante el tribunal donde se encuentra la causa.
– Lapsos de respuesta: una vez recibida la solicitud, el tribunal dispone de 15 días continuos para evaluar el expediente y emitir una decisión.
– Recursos legales: si la decisión es favorable, se procede a la ejecución de la libertad por medio del beneficio de amnistía. En caso de una negativa, la ley garantiza el derecho a la apelación ante las instancias superiores.
– Revisión parlamentaria: aquellos casos que no estén incluidos de forma expresa en el texto legal de amnistía podrán ser remitidos a la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Nacional, la cual emitirá recomendaciones tras analizar el expediente.
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