La madrugada del 3 de enero, fuerzas estadounidenses realizaron una operación militar en territorio venezolano que dejó un saldo preliminar de más de 100 personas muertas. El ataque, dirigido a instalaciones estratégicas y a la seguridad del presidente Nicolás Maduro, ha generado alarma tanto dentro como fuera del país, y ha puesto en el centro del debate la falta de información oficial.
A un mes de los hechos, el gobierno venezolano no ha publicado cifras precisas sobre víctimas ni detalles de los daños materiales. Los nombres, edades, género, condición civil o militar de los fallecidos, así como el número de heridos leves o graves, siguen sin confirmarse de manera oficial, alimentando la opacidad informativa que rodea la operación.
Diversos medios independientes y organizaciones de monitoreo han intentado reconstruir el panorama a partir de informes parciales, redes sociales y esquelas oficiales.
Víctimas confirmadas y cifras que siguen siendo preliminares
Hasta ahora, los datos sobre fallecidos y heridos siguen siendo fragmentarios. De acuerdo con las organizaciones no gubernamentales (ONG) Monitor de Víctimas y La Hora de Venezuela, se han identificado 81 víctimas por nombre: 45 militares venezolanos, 32 cubanos y 4 civiles.
La verificación se hizo mediante publicaciones oficiales en redes sociales y obituarios, pero no hay información completa sobre edades, género o rango militar.
El gobierno venezolano informó que 47 de sus militares murieron durante los ataques, mientras que Cuba confirmó 32 bajas entre sus efectivos, todos vinculados a la seguridad de Nicolás Maduro. Los civiles fallecidos y heridos permanecen en la incertidumbre, ya que no hay un listado oficial que incluya heridos leves o graves.
Los registros parciales también sugieren que la mayoría de los militares eran hombres, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente. La falta de claridad sobre la verdadera dimensión de la operación ha dificultado la labor de organismos de derechos humanos y medios independientes, que buscan documentar con precisión el impacto humano.
Para la fecha, tampoco se conoce el número real de personas que resultaron hospitalizadas. Hasta ahora, las cifras siguen siendo “preliminares” porque ninguna fue corroborada por las autoridades gubernamentales.
Daños a infraestructura militar y civil
La incursión afectó al menos 12 instalaciones militares, entre ellas Fuerte Tiuna, Fuerte Guaicaipuro, Infantería de Marina en Mamo, Aeropuerto de La Carlota, Aeropuerto de Higuerote y el Puerto de La Guaira. De acuerdo con un reportaje realizado por el diario Tal Cual, en varias de estas instalaciones estaban desplegados sistemas antiaéreos BUK‑M2E, muchos de los cuales no se encontraban operativos o permanecían almacenados bajo techo.
Expertos citados por The New York Times indicaron que años de corrupción, sanciones y problemas logísticos degradaron la preparación de las fuerzas venezolanas. Esto explicaría, en parte, cómo la operación estadounidense pudo neutralizar objetivos estratégicos sin encontrar resistencia efectiva.
Sin embargo, como ha sido documentado por medios de comunicación, los daños no se limitaron a lo militar. En áreas civiles cercanas, como un complejo de apartamentos en Catia La Mar, se reportaron al menos un fallecido y varios heridos, aunque las cifras exactas permanecen desconocidas.
Algunas fuentes sugieren que la infraestructura de transporte y comunicación también habría resultado afectada, aunque no se ha emitido información oficial que detalle el alcance de estos daños.
Dudas sobre la operación y la información oficial
La ausencia de datos confiables genera incertidumbre sobre la magnitud y los objetivos reales de la incursión. Voces del oficialismo señalan que Estados Unidos habría utilizado interferencia electrónica y ataques electromagnéticos para neutralizar sistemas antiaéreos, mientras que analistas militares destacan que muchos equipos antiaéreos ni siquiera estaban operativos o conectados a radares.
Fotos y videos posteriores al ataque muestran que varios sistemas estaban bajo techo o desconectados, lo que pone en duda la versión oficial sobre la respuesta militar venezolana. La opacidad informativa no solo dificulta la reconstrucción de los hechos, sino que también genera incertidumbre política y diplomática. Sin cifras precisas, tanto la comunidad internacional como los propios venezolanos carecen de una evaluación completa del costo humano y material de la operación e incursión militar.
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