Organizaciones no gubernamentales (ONG) han denunciado recientemente la detención de cuatro miembros de una familia, de apellido Guillén, en el estado Carabobo. Entre ellos había un adolescente de 17 años de edad y una niña de 2 años, quienes fueron liberados la noche del 8 de septiembre, mientras que la mamá de la niña y una mujer de la tercera edad siguen detenidas de manera “arbitraria”.
Ante esta situación, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exigió información sobre la situación en la que se encuentran las dos mujeres, identificadas como Miriam Fernández Ruiz, de 72 años de edad, y Chantal Niulany Guillén, de 21 años de edad.
“La detención de Miriam, una mujer mayor, y de Chantal, una joven con toda su vida por delante, expone un patrón sistemático de vulneración de derechos, que afecta su integridad física, psicológica y familiar”, escribió JEP en su cuenta de X.
De acuerdo con la denuncia del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), la liberación de los menores de edad se concretó gracias a la presión que ejercieron familiares, amigos, organizaciones y defensores de derechos humanos que denunciaron el caso.
Lo que se sabe sobre este caso
El Clippve precisó que Fernández y el adolescente fueron detenidos el 4 de septiembre por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes habrían entrado a su vivienda “sin orden judicial”.
“Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana ingresaron sin orden judicial a la vivienda de la familia Guillén ubicada en Paso Real y se llevaron a Miriam Fernández y a su nieto”, se lee en la publicación en X del Clippve.
Posteriormente, la organización indicó que, de acuerdo con familiares y allegados de la familia Guillén, el 5 de septiembre las autoridades habrían obligado al adolescente habría a llamar a su hermana Chantal para que acudiera a la sede de la PNB en La Esmeralda.
“Ella se presentó junto a su hija, de apenas 2 años, y ambas quedaron igualmente detenidas sin justificación alguna”, denunció la ONG.
Ante ello, el Clippve insistió en que la situación constituye una violación que “evidencia la práctica sistemáticade represalias contra familiares” y “método de persecución política que busca sembrar miedo en la sociedad”.
Tanto Clippve como JEP han exigido que el Estado garantice la vida, integridad física, psicológica y emocional de las detenidas, respeto a sus derechos y el acceso inmediato de familiares, abogados de confianza y atención médica.
Llamado a la comunidad internacional para que se pronuncien por el hecho
El Clippve hizo un llamado a la organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, específicamente a la Unicef, para que documente y se pronuncie por el caso de la familia Guillén, a fin de resguardar los derechos de la niña y adolescentes retenidos.
Asimismo, pidieron a la sociedad venezolana que condene el hecho que consideraron como un “crimen que viola cualquier estándar legal y humanidad”.
“La vida y la dignidad de una familia inocente, incluida una niña de apenas dos años y un adolescente de 17, no pueden ser borradas por el silencio y la opacidad institucional. Basta de impunidad”, agregó la ONG.
Hasta el momento no hay mayores detalles del caso y se desconoce los motivos por lo que fue detenida esta familia.
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