Más de 120 organizaciones venezolanas de la sociedad civil, dentro y fuera del país, cuestionaron este jueves 26 de febrero la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática al considerar que no garantiza justicia ni reparación a las víctimas.
En un pronunciamiento público, los grupos señalaron que el instrumento legal, pese a presentarse como una medida para la reconciliación, no cumple con estándares internacionales de justicia transicional ni establece mecanismos suficientes para el esclarecimiento de los hechos y la garantía de no repetición.
Las organizaciones advirtieron que la norma deja por fuera a un número significativo de personas detenidas por motivos políticos. Según sus registros, al menos 181 militares considerados presos políticos no estarían incluidos en los beneficios de la ley, situación que se extiende a otros civiles vinculados a esos casos.
En Venezuela, organizaciones de derechos humanos estiman que alrededor de 800 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, lo que, a juicio de los firmantes, evidencia las limitaciones del alcance de la amnistía.
Amnistía si reparación
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento es la ausencia de un sistema integral de reparación. El texto aprobado no contempla medidas concretas de restitución, compensación, rehabilitación ni preservación de la memoria histórica, aspectos considerados esenciales para atender las consecuencias derivadas de violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, las ONG cuestionan el diseño institucional previsto para la aplicación de la norma, al advertir que la evaluación de exclusiones por violaciones graves quedará en manos de órganos cuya independencia ha sido objeto de críticas.
Ante este panorama, las organizaciones instaron a complementar la ley con mecanismos independientes de verdad y reparación, así como con reformas institucionales que garanticen independencia judicial y el cese de la criminalización de la disidencia.
El comunicado concluye con un llamado a la liberación de todas las personas detenidas injustamente y a la construcción de un proceso de convivencia democrática basado en la rendición de cuentas y el reconocimiento de los derechos de las víctimas.
“La verdadera convivencia democrática no se construye con un perdón otorgado por el victimario sin reconocimiento de la falta, sino mediante un proceso integral en el que el Estado rinda cuentas y las víctimas sean resarcidas. En este sentido, la sociedad civil venezolana, dentro y fuera del país, tenemos la responsabilidad histórica de no permitir que la amnistía sea el punto final de la búsqueda de justicia, sino el punto de partida para una reforma institucional profunda que devuelva al ciudadano la confianza en la ley y en la democracia.”
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