La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos envió recientemente un equipo a Caracas que mantuvo reuniones con autoridades y sociedad civil, mientras prosiguen los contactos para reanudar la presencia permanente de este organismo en el país, confirmó el martes 10 de febrero su portavoz Ravina Shamdasani.
“El equipo se reunió con muchas organizaciones de la sociedad civil, algunas autoridades y familiares de personas que están todavía detenidas, subrayando el hecho de que no todas las sometidas a detención arbitraria han sido liberadas”, indicó en rueda de prensa la portavoz de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk.
También hubo contactos con defensores de derechos humanos recientemente liberados y otras figuras destacadas, subrayó Shamdasani.
En febrero de 2024 las autoridades venezolanas entonces lideradas por Nicolás Maduro suspendieron las actividades de la oficina en Caracas del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abierta en 2019, acusando a la ONU de operar en contra de los intereses del gobierno de Maduro.
Ello conllevó a la expulsión de 13 funcionarios de la ONU, a los que se dio 72 horas para salir del país.
Conversación con Delcy Rodríguez
Shamdasani confirmó por otro lado que el alto comisionado y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mantuvieron una conversación telefónica el 26 de enero, en la que Türk ofreció apoyo para “la construcción de una hoja de ruta para el diálogo y la reconciliación, en la que los derechos humanos deberían ocupar el centro”.
Este contacto ya fue anunciado en su día por la propia Rodríguez, quien aseguró que pediría a Türk que verificara las excarcelaciones de las semanas recientes, tras denuncias de retrasos y opacidad en el proceso por parte de familiares y ONG.
Respecto al proyecto de Ley de Amnistía que aprobó en primera lectura la Asamblea Nacional venezolana, la portavoz comentó que “es un positivo paso hacia la cohesión social, la reconciliación nacional y la coexistencia”, en línea con lo señalado en la víspera por la Misión de Investigación de la ONU para Venezuela.
“Sin embargo, esa ley debe cumplir los estándares en materia de derechos humanos, incluir a todos los individuos detenidos arbitrariamente, y debe ser parte de una estrategia más amplia que incluya reparación, rendición de cuentas, y reformas legales”, agregó.
Misión de Determinación de los Hechos recibió con cautela la propuesta de amnistía
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela acogió el lunes 9 de febrero con cautela la aprobación preliminar por la Asamblea Nacional del proyecto de ley de amnistía, destacando que podría servir para restablecer el “tejido político”, pero que corre el riesgo de no beneficiar a todos los presos políticos.
“Una ley de amnistía ofrece una oportunidad para brindar justicia y aliviar el sufrimiento de las numerosas personas que han sido detenidas ilegalmente por motivos políticos en Venezuela”, reconoció en un comunicado el experto de la misión Alex Neve, quien subrayó que el impacto de la ley dependerá de que se aplique de forma transparente y amparada en los derechos humanos.
María Eloísa Quintero, también miembro de la misión, manifestó por su parte preocupación por el hecho de que la amnistía pueda concederse únicamente a delitos políticos, “dejando fuera otras formas de criminalización, como la civil, administrativa, laboral o disciplinaria”.
“Una amnistía de alcance limitado corre el riesgo de excluir a numerosas personas perseguidas por motivos políticos y no garantiza, por sí sola, la restitución plena de sus derechos”, advirtió.
La misión explicó que tal como está redactada actualmente, la ley podría no aplicarse a personas que hayan sido acusadas o condenadas por delitos que, en apariencia, no son políticos, como aquellos contra el patrimonio público.
También manifestó su inquietud por la ausencia de consultas públicas para elaborar el proyecto de ley, y señaló que es necesario un proceso transparente, “con participación significativa de las víctimas, sus familiares y la sociedad civil”.
Además, destacó que la ley de amnistía deberá ir acompañada de otras reformas estructurales para “desmantelar el marco legal y las prácticas que han permitido la persecución por motivos políticos, a fin de prevenir nuevas detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”.
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