La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió este lunes 3 de noviembre sobre el aumento de las detenciones en Venezuela «sin información pública suficiente» de los casos, lo que consideró como un «escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada» debido a esta «opacidad» y también por la «negación del acceso a asistencia legal» que asegura existe en el país.
En su cuenta de X, la organización indicó que, durante la última semana, se ha «evidenciado un preocupante aumento de detenciones efectuadas por cuerpos de seguridad del Estado en distintas regiones del país», sin que se informe, añadió, sobre las «circunstancias o el paradero de las personas privadas de libertad».
#ATENCIÓN Durante la última semana, se ha evidenciado un preocupante aumento de detenciones efectuadas por cuerpos de seguridad del Estado en distintas regiones del país, sin información pública suficiente sobre las causas, las circunstancias o el paradero de las personas…
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) November 3, 2025
«Familiares y defensores han denunciado la ausencia total de notificación oficial, el desconocimiento de los centros de detención y la negativa de acceso a abogados o representantes de confianza, configurando un patrón de desapariciones forzadas de corta duración y detenciones arbitrarias», subrayó JEP.
En este contexto, afirmó que esta situación constituye una «violación directa a los derechos fundamentales de las personas afectadas, en particular al derecho a la libertad personal, al debido proceso y a la integridad física y moral, así como al derecho de sus familiares a conocer la verdad sobre su paradero».
Pedido a las autoridades
Por tanto, exigió a las autoridades venezolanas garantizar la información «inmediata y veraz» sobre la identidad, el paradero y la situación jurídica de todas las personas detenidas, así como el «acceso irrestricto a abogados de confianza y la posibilidad de comunicarse con sus familiares», como -enfatizó- establece la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado.
La organización no gubernamental mencionó el caso de los cuatro trabajadores audiovisuales detenidos el pasado viernes, quienes se encontraban realizando labores de preproducción en las cercanías de un centro penitenciario, como parte de un trabajo especial de grado de la Universidad Central de Venezuela.
Esta información la dio a conocer la ONG SurGentes, dedicada a la defensa de derechos humanos, que también precisó que Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra «al parecer tomaron una fotografía» de la fachada del penitenciario conocido como Tocorón, en el estado Aragua (norte), y fueron detenidos.
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