La aprobación en segunda discusión de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en la Asamblea Nacional generó reacciones inmediatas de organizaciones de derechos humanos y defensores de presos políticos, quienes cuestionaron el alcance del texto sancionado y advirtieron sobre exclusiones que, a su juicio, impiden una liberación plena e incondicional.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) expresó su preocupación en un pronunciamiento público en su cuenta de X en el que aseguró que se confirmaron sus advertencias sobre el contenido de la norma. “Resulta revictimizante, excluyente y, en lo absoluto, garantiza la liberación plena de todos los presos políticos”, señaló la organización.
JEP indicó que no bastaba con un anuncio ni con una narrativa de reconciliación si el texto mantenía “filtros, condicionamientos y ambigüedades” que podrían dejar por fuera a personas que, a su juicio, necesitan justicia. La organización también afirmó que muchas familias se sienten “profundamente defraudadas” tras generarse “enormes expectativas” en torno a la ley.
“La liberación de todas las personas detenidas por razones políticas depende de una genuina y verdadera voluntad política”, reiteró la ONG, al tiempo que se comprometió a continuar elevando denuncias ante instancias nacionales e internacionales hasta lograr la libertad “completa y sin condiciones”.
Hoy queremos hablar con claridad y con el corazón en la mano. Lamentablemente, todas nuestras preocupaciones y advertencias respecto al proyecto de ley de amnistía se confirman ante un texto que, tal como señalamos oportunamente, resulta revictimizante, excluyente y, en lo…
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) February 20, 2026
Por su parte, el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, hizo un primer análisis preliminar del texto aprobado y señaló que el periodo temporal cubierto por la ley sería limitado. Según explicó, aunque la norma debería abarcar desde enero de 1999 hasta su publicación en Gaceta Oficial, más de 14 años quedarían completamente excluidos.
Además, sostuvo que de los otros 13 años considerados “solo se abarcan meses y momentos puntuales”. A “vuelo de pájaro”, indicó que de esos 156 meses apenas se contemplarían alrededor de 20. Himiob adelantó que presentará un análisis más detallado cuando se conozca el texto definitivo y advirtió que también deben evaluarse los delitos y hechos expresamente excluidos.
En la misma línea, el coordinador general de Provea, Óscar Murillo, afirmó que la ley contempla “un injustificable exceso de exclusiones” que, en su opinión, no están exigidas ni por la Constitución ni por los instrumentos internacionales de derechos humanos. “Esto, sin duda, no se corresponde con el espíritu de paz y reconciliación que debería tener una norma de esta naturaleza”, señaló.
Murillo enumeró varias propuestas formuladas por Provea que no fueron incorporadas al texto final. Entre ellas, la inclusión de disposiciones para dejar sin efecto las inhabilitaciones políticas dictadas por la Contraloría General de la República; garantías de retorno seguro para quienes se encuentran en el exterior, incluyendo la restitución de pasaportes y la prohibición de alertas migratorias; y la restitución de bienes incautados, así como la reincorporación laboral de personas despedidas por hechos vinculados a la amnistía.
También cuestionó que la lista de acontecimientos cubiertos sea taxativa y no meramente enunciativa, lo que —a su juicio— constituye “un grave error” al dejar fuera hechos de confrontación política ocurridos en años no incluidos expresamente.
Tanto JEP como Provea coincidieron en que continuarán exigiendo la liberación plena, inmediata e incondicional de todas las personas privadas de libertad por razones políticas, así como la revisión o derogación de normas que, según sostienen, han sido utilizadas para la criminalización.
Por ahora, se espera la publicación del texto definitivo en Gaceta Oficial, paso necesario para su entrada en vigencia y para un análisis jurídico integral de su alcance.
Familiares se mantendrán en vigilia
Familiares de presos políticos también reaccionaron a la aprobación de la Ley de Amnistía. En Zona 7, sede de la Policía Nacional Bolivariana en Miranda, levantaron la huelga de hambre que mantenían desde el sábado 14 de febrero, pero aclararon que se mantendrán en vigilia en las afueras de ese centro a la espera de las liberaciones.
“Aquí seguimos hasta que el último salga (…) Tenemos una Ley de Amnistía ya aprobada, sin embargo, hasta que no se ejecute no nos movemos de aquí. Vamos a pasar a un próximo paso: un ayuno con propósito, programado para que nuestro cuerpo no siga sufriendo tanto maltrato de dejar de consumir alimentos”, expresó Yessie Orozco, vocera de los familiares reunidos en el centro.
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La entrada ONG cuestionan la Ley de Amnistía aprobada por la AN: “Resulta revictimizante y excluyente” se publicó primero en El Diario Venezuela – elDiario.com.
