Durante los primeros seis meses de 2025, Venezuela, mantuvo una “política sistemática de represión” contra la libertad de expresión, según la ONG Un Mundo Sin Mordaza (UMSM), evidenciando lo que la organización califica como la continuidad de un modelo autoritario que busca controlar la narrativa pública, silenciar la crítica y “restringir” el acceso a información independiente.
De acuerdo con el Informe Semestral de Libertad de Expresión 2025, elaborado por la ONG, se documentaron 231 casos que generaron 302 violaciones a este derecho fundamental.
La organización aseguró que, en su análisis, las elecciones regionales y legislativas del pasado 25 de mayo actuaron como catalizador de nuevas detenciones, bloqueos informativos y agresiones a periodistas y ciudadanos.
En ese sentido, el informe señala que el contexto postelectoral se caracterizó por un recrudecimiento de los mecanismos de censura y criminalización de la disidencia, aumentando la presión sobre quienes ejercen el periodismo o se manifiestan públicamente.
Detenciones, hostigamiento y censura digital
De acuerdo con UMSM, las detenciones arbitrarias continuaron siendo el mecanismo principal de represión, con 148 arrestos durante el primer semestre de 2025, muchos bajo acusaciones infundadas de terrorismo o conspiración. Entre los detenidos se encontraban activistas políticos, periodistas, líderes comunitarios y ciudadanos comunes.
La organización también documentó desapariciones forzadas de corta duración, utilizadas para sembrar temor y desarticular protestas o expresiones críticas.
Por su parte, el informe de UMSM indica que se registraron 24 incidentes de amenazas, hostigamiento y agresiones —físicas y verbales— contra periodistas y ciudadanos. Estas acciones incluyeron allanamientos ilegales, intimidación directa y hostigamiento digital, reforzando un clima de autocensura y miedo generalizado.
En el ámbito digital, la ONG documentó 61 bloqueos a páginas web y redes sociales, incluyendo bloqueos TCP/IP, UDP, DNS y HTTP, lo que limitó el acceso a medios independientes y al monitoreo económico, como la publicación de la cotización del dólar paralelo.
Impacto en medios tradicionales y la sociedad
Los medios de comunicación tradicionales tampoco escaparon a la represión, según el informe. Se documentaron 4 casos de cierre arbitrario o confiscación de equipos, afectando radios comunitarias en Portuguesa, Táchira y Bolívar. Estas medidas, indica la ONG, contribuyen a un proceso de vaciamiento informativo en regiones donde la radio es a menudo el único medio accesible para la población.
El Informe Semestral de Libertad de Expresión 2025 se elaboró a partir de fuentes primarias, registros de prensa y denuncias verificadas, y analizó los estándares internacionales de derechos humanos para evaluar el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
La ONG agradeció la colaboración de organizaciones aliadas como Espacio Público, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), VE Sin Filtro, Realidad Helicoide y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), cuya labor fue clave para elaborar el informe.
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