El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) advirtió el viernes 23 de enero que el proceso de excarcelación de presos políticos en Venezuela viola los derechos de los familiares y detenidos.
“El proceso se mantiene bajo una opacidad que vulnera los derechos de las personas detenidas y sus familiares”, afirmó la organización independiente a través de su cuenta de X.
La denuncia del OVP ocurre luego de 15 días del anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien confirmó el 8 de enero de 2026 que se llevaría a cabo la liberación de un “número importante” de personas.
A 15 días del anuncio oficial sobre la excarcelación de un “número significativo” de los presos políticos, desde el OVP advertimos que el proceso se mantiene bajo una opacidad que vulnera los derechos de las personas detenidas y sus familiares.
Desde entonces los parientes,… pic.twitter.com/zhw1NIaI4s
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) January 23, 2026
Desde entonces los parientes se han trasladado a las adyacencias de los centros de detención a la espera de la excarcelación de sus familiares.
“La espera, lejos de ser reparadora, revictimiza debido a la falta de información y las precarias condiciones de vigilia”, reiteró la organización.
En cuanto a la cifras, el OVP contabilizó que desde el anuncio de Rodríguez se han llevado a cabo 171 excarcelaciones, lo que, según sus datos, representa el 16,9 % del total de los presos políticos en Venezuela.
Asimismo, detallaron que entre los excarcelados hay 37 mujeres (3,6 %) y 134 hombres (12,5 %); y que aún permanecen en prisión al menos 840 presos políticos.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales (ONG) como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), han registrado hasta el momento solo 154 excarcelaciones desde el 8 de enero.
Denuncias del OVP
El OVP insistió en que durante las concentraciones y vigilias nocturnas los familiares de los presos políticos han sido víctimas de intimidación y coacción por parte de funcionarios policiales en centros de detención.
También alertaron que las autoridades venezolanas se niegan a darles respuestas a quienes piden información y que la mayoría de las personas desconoce el estado de salud de su familiar detenido.
“Las familias desconocen el estado de salud de sus seres queridos en prisión. La zozobra se incrementa tras la difusión de rumores a través de las redes sociales y que no son desmentidos oficialmente”, denunció el OVP.
Otra de las advertencias que hizo la organización es que las autoridades han excarcelado a personas que se encontraban privadas de libertad y sus casos no eran públicos.
Entre las exigencias que hizo el OVP destacan la publicación de una lista oficial de las personas excarceladas, informar sobre el estado de salud físico y mental de los detenidos, cesar la intimidación contra familiares en las adyacencias de los penales, liberar a todos los presos políticos sin restricciones y cesar las detenciones arbitrarias e intimidación.
Familiares de presos políticos se mantienen en vigilia
Tras el anuncio de las primeras excarcelaciones, decenas de familiares de presos políticos acudieron a los centros de reclusión, entre ellos, Zona 7, en el municipio Sucre (Miranda). Durante la vigilia del 21 de enero, las personas denunciaron que las autoridades instalaron cámaras frente al campamento que formaron para poder pernoctar.
Sin embargo, los familiares y allegados de los presos políticos permanecen a las afueras del centro de detención de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), durmiendo en carpas y recibiendo apoyo de personas que se acercan con donaciones.
Estas vigilias también se han realizado en otros penales como: El Helicoide, Rodeo I, Yare y Tocuyito, donde se han apostado con pancartas y velas para exigir la liberación de sus parientes.
Sumado a esto, también han manifestado frente a la sede principal del Ministerio Público, en Parque Carabobo, municipio Libertador de Caracas.
Durante la concentración convocada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), se instó al gobierno encargado de Delcy Rodríguez a que informe sobre el paradero de las personas en “desaparición forzada” por razones políticas.
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