La ONG Provea denunció este viernes 12 de septiembre la precarización del empleo en Venezuela al recordar que, desde hace 1.276 días, no se ha aumentado el salario mínimo, actualmente en 130 bolívares, la moneda local, que son, al tipo de cambio oficial de hoy, unos 80 centavos de dólar al mes, un monto que se complementa con bonos gubernamentales de hasta 160 dólares, sin incidencia en beneficios laborales.
En su cuenta de X, Provea afirmó que el gobierno “ha avanzado en una agresiva política de bonificación del ingreso que flexibiliza las relaciones laborales, precariza el empleo decente contraviniendo la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales, y menguando la calidad de vida de las familias”.
La organización compartió un comunicado de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), la principal del país, en el que la gremial exige al gobierno que “desista de imponer unilateralmente las condiciones laborales y seguir precarizando las condiciones de vida y de trabajo”.
La APUCV propone que se tome como salario el denominado “bono de la guerra económica”, de 120 dólares, pagados en bolívares a la tasa oficial que difunde el Banco Central de Venezuela (BCV), lo que incidiría, de aprobarse, en beneficios laborales como vacaciones y utilidades.
Salario mínimo congelado
El salario mínimo, referencia para las pensiones de Venezuela y que sí incide en beneficios laborales, no se aumenta desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares al mes.
En julio de este año, Provea subrayó que, según la Constitución, el Estado “tiene la obligación de garantizar un ingreso suficiente para una vida digna, ajustado periódicamente al costo de la canasta básica”.
De acuerdo a los últimos datos disponibles de la organización Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), difundidos en abril, una familia de cinco personas necesita 503,73 dólares al mes para cubrir gastos mínimos de alimentación.
El gobierno achaca a las sanciones estadounidenses contra su industria petrolera la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos, a la vez que defiende los bonos como “una estrategia novedosa para combatir la guerra económica” y “el bloqueo”, así como para “evitar la inflación”.
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