La organización no gubernamental (ONG) Provea emitió un comunicado para expresar que considera «indispensable» revisar el salario mínimo en Venezuela, actualmente fijado en 130 bolívares (0,37 centavos de dólar de acuerdo con la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela para el 27 de enero), así como su metodología de cálculo para “rescatar los derechos laborales”.
“Venezuela solo podrá avanzar hacia el encuentro y la convivencia cuando se reconozcan las necesidades de la población trabajadora y se respeten los espacios de diálogo social”, subrayó Provea el 26 de enero en su cuenta de X.
El pronunciamiento se realizó en respuesta a una publicación de la plataforma Monitor Sindical, que replica denuncias de gremios de la Administración pública, en la que planteó la fijación inicial del salario mínimo equivalente a 200 dólares.
Una propuesta “inviable”
Economistas argumentan que resulta “inviable” un aumento “significativo” del salario mínimo debido al volumen de empleados públicos y pensionados dependientes del Estado frente a los ingresos de Venezuela, aunque apuntan que podría incrementarse sobre los niveles actuales.
Provea subrayó que Venezuela acumula tres años y 10 meses sin un incremento del salario mínimo, el período “más largo” en casi tres décadas, por lo que hizo un llamado a la “reconstrucción del ingreso” de los trabajadores y sus familias.
La ONG también señaló que el salario mínimo y la pensión “permanecen anclados” bajo el mismo monto desde marzo de 2022, pese a los “incesantes reclamos de miles de trabajadores y al acelerado deterioro de la calidad de vida de las familias”.
Tres años sin aumento de la pensión y el salario mínimo en Venezuela
El salario mínimo en Venezuela no ha sido ajustado desde el 3 de marzo de 2022, cuando se fijó en 130 bolívares, equivalentes en ese momento a aproximadamente 30 dólares.
Desde entonces, el gobierno de Nicolás Maduro no autorizó incrementos salariales, sino que ajustó progresivamente el valor de beneficios complementarios, como bonos y asignaciones, sin incorporarlos al sueldo base. Esto ha reducido el poder adquisitivo de los trabajadores públicos, lo que deja el ingreso mínimo formal rezagado frente a la inflación y la devaluación.
El Diario publicó una nota en la que explicó que el aumento del salario mínimo decretado en marzo de 2022 representó un incremento superior al 1.600 % con respecto al monto anterior (Bs. 7). Este ajuste, de acuerdo con voceros oficiales, fue financiado con los ingresos provenientes de las exportaciones petroleras del país.
Aunque la decisión permitió que los empleados públicos y pensionados percibieran un ingreso base de 30 dólares mensuales en ese momento, la cifra seguía siendo insuficiente frente al costo de vida en el país, aun cuando el dólar oficial estaba fijado entre Bs. 4,3 y Bs. 4,5.
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