La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el lunes 29 de septiembre que Nicolás Maduro suscribió un decreto de estado de conmoción exterior. Según explicó, la medida se basa en las “agresiones y amenazas” que, de acuerdo con el gobierno, mantiene Estados Unidos con un despliegue militar en el mar Caribe.
Rodríguez dio estas declaraciones en una reunión del Consejo por la Soberanía y la Paz, en la que participaron representantes del cuerpo diplomático acreditado. En ese espacio afirmó que el decreto “se activaría de manera inmediata” si EE UU llegara a “agredir a Venezuela”.
La vicepresidenta también recalcó que la Constitución “es clara” al establecer que no se permitirá a nadie, dentro o fuera del territorio, promover, apoyar, facilitar o hacer apología de una agresión militar externa contra Venezuela.
Qué es un estado de conmoción exterior
La organización no gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia explicó que el decreto de estado de conmoción exterior que evalúa decretar el Ejecutivo nacional tiene un marco legal definido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Estados de Excepción.
El estado de conmoción exterior es una modalidad de Estado de Excepción que el gobierno puede declarar cuando considera que la seguridad del país está amenazada desde el exterior, como en casos de agresiones o amenazas militares.
Su finalidad principal es proteger la soberanía, los intereses nacionales y la integridad de las instituciones, autorizando al Ejecutivo a tomar medidas extraordinarias que normalmente no podrían aplicarse en situaciones ordinarias.
Esta figura permite, por ejemplo, movilizar a la fuerza armada y adoptar acciones inmediatas de defensa, pero siempre dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes, y con la supervisión de los órganos parlamentarios y judiciales correspondientes.
La Ley Orgánica de Estados de Excepción, en su artículo 22, establece que cuando el presidente declara un estado de excepción, el decreto tiene fuerza de ley una vez aprobado en el Consejo de Ministros, y debe publicarse en la Gaceta Oficial y difundirse de inmediato por todos los medios de comunicación.
Cuáles son las implicaciones de una declaración de un decreto de estado de conmoción exterior
Al igual que otros Estados de Excepción, el de conmoción exterior puede implicar restricciones a algunas garantías constitucionales. A pesar de esto, Acceso a la Justicia enfatizó que ciertos derechos son inalterables bajo cualquier circunstancia, incluyendo el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y la incomunicación, el debido proceso, el acceso a la información y otros derechos humanos fundamentales considerados intangibles.
Por otra parte, la ONG señaló que en la actualidad, específicamente desde abril de 2025, está vigente el estado de excepción de emergencia económica.
Otro punto importante es que, en caso de aprobarse, el decreto debe ser publicado en la Gaceta Oficial para que la ciudadanía pueda conocer con claridad cuáles derechos o garantías están siendo limitados en dicho plazo.
El artículo 338 de la Carta Magna fija que esta medida no puede extenderse más allá de 90 días, aunque puede ser prorrogada por un periodo igual si se considera que la seguridad de la nación, de los ciudadanos o de las instituciones se encuentra en riesgo real.
En este contexto, Acceso a la Justicia señaló que, de ser avalado, sería la primera ocasión desde la entrada en vigor de la Constitución de 1999 en la que se aplica un decreto de este tipo.
La posición del gobierno venezolano sobre las medidas excepcionales
El gobierno de Venezuela evalúa el estado de conmoción exterior como una medida preventiva destinada a “proteger la soberanía y la seguridad nacional ante posibles amenazas externas”.
El presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios han enfatizado que su objetivo no es generar un “conflicto”, sino garantizar que el país “esté preparado ante cualquier eventualidad o “amenaza”.
Tarek William Saab, fiscal general de la República, afirmó que Venezuela mantiene canales diplomáticos abiertos y apuesta a la paz, pero subrayó que el Estado debe contar “con las herramientas legales necesarias para actuar en caso de agresión”.
La legislación venezolana reconoce la posibilidad de aplicar medidas excepcionales en situaciones de riesgo grave para la seguridad del país, siguiendo los principios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad, también contemplados en el derecho internacional y reflejados en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción.
Despliegue militar de EE UU en el Caribe
Al menos ocho buques de guerra estadounidenses y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear se encuentran en aguas cercanas a las costas venezolanas, junto con más de 4.500 soldados. Desde el inicio de este despliegue, Estados Unidos ha reportado incautaciones, la destrucción de “narcolanchas” y la muerte de al menos 17 personas en estos operativos.
En respuesta, la administración de Maduro ha implementado un alistamiento permanente y ha organizado el adiestramiento semanal de ciudadanos de forma voluntaria, como parte de sus medidas de preparación ante posibles amenazas externas.
Como parte de los intentos diplomáticos, Nicolás Maduro envió una carta al gobierno de Estados Unidos en la que se declaró abierto al diálogo. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el lunes 22 de septiembre que la misiva contiene “mentiras”.
Durante una rueda de prensa en la residencia presidencial, Leavitt afirmó que, a pesar del contenido de la carta, la postura de la administración Donald Trump respecto a Venezuela no ha cambiado. Además, recordó que Washington considera que el gobierno de Maduro es “ilegítimo” y reiteró que el presidente Trump está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas hacia Estados Unidos y que es atribuido al Ejecutivo nacional.
Preocupación por falta de garantías constitucionales
La ONG Provea advirtió que el anuncio de la posible aprobación del estado de excepción exterior constituirá un paso más “hacia la militarización total del país” y podrían facilitar nuevos abusos contra la población.
La ONG advirtió que, aunque el gobierno presenta estas iniciativas como mecanismos de defensa y protección de la soberanía, la experiencia de los Estados de Excepción en Venezuela muestra que este tipo de medidas “pueden derivar en violaciones de derechos humanos”, como ha documentado Provea en informes anteriores sobre restricciones de libertad de expresión, detenciones arbitrarias, limitaciones al acceso a servicios básicos y otras afectaciones a los derechos fundamentales de la población.
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