El 30 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión dentro de la extensa crisis política que ha vivido Venezuela en la última década. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una Ley de Amnistía General para todos los casos de presos políticos desde el año 1999 hasta la actualidad. Sería uno de los actos de su tipo más grandes en la historia política del país.
Se espera que tras su aprobación en la Asamblea Nacional (AN), centenares de presos políticos sean liberados y se anulen las causas de otros miles que, a pesar de estar excarcelados, permanecen bajo medidas restrictivas de su libertad. Igualmente, se sabrá si contempla también a disidentes políticos objeto de otras formas de persecución y que se encuentran en la clandestinidad o el exilio.
De hecho, organizaciones como Foro Penal señalan que desde el año 2014, más de 18.824 personas han sido objeto de detenciones por razones políticas en Venezuela. De esa cifra, más de 11 mil todavía poseen medidas cautelares mientras que 709 siguen encarceladas. Otras organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) elevan la cifra a más de 810 presos políticos, entre ellos alrededor de 200 en situación de desaparición forzada.
Esto sin mencionar los nuevos casos de presos políticos de los que ninguna organización tenía registro previo, y que se han conocido en las últimas semanas en la medida que sus familias han perdido el miedo a denunciar. Todo esto marca parte de una agenda intensa que en los próximos días tendrán las comisiones encargadas de llevar a cabo la amnistía, y en la que precisamente estas organizaciones han solicitado participar para garantizar que se cumpla de forma plena, efectiva y sin dejar ningún sector por fuera.
¿Qué es una amnistía?
El Diccionario de la Lengua Española señala que la palabra viene del griego amnestía, que significa “olvido”. Lo define como el “perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”. Jurídicamente es un recurso legal usado por el Estado para suprimir las penas aplicadas contra grupos de personas de forma total y absoluta, como una suerte de borrón y cuenta nueva.
La internacionalista y traductora María Gabriela Sancho explica en un artículo de la revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos que las amnistías normalmente se emiten en casos de delitos contra el propio Estado, calificados por razones políticas, pues se consideran “circunstanciales” y no tienen su origen en conductas antisociales o de maldad humana como otros delitos comunes. Esto lo ha convertido en una herramienta efectiva dentro de conflictos o crisis internas, e incluso como un paso importante en las transiciones tras gobiernos autoritarios.
No obstante, otras instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también han advertido que en muchos casos las amnistías son usadas como instrumentos políticos que dificultan el trabajo de memoria y justicia ante violaciones de derechos humanos, dejando impunes a sus autores. Esto es algo que ha ocurrido en numerosos casos, sobre todo en Latinoamérica, cuando el Estado ha aprovechado las amnistías para absolverse a sí mismo de crímenes de lesa humanidad, como en el caso de las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile o de Jorge Videla en Argentina.
Por ese motivo, el derecho internacional establece límites claros en el alcance que pueden tener las amnistías. Por ejemplo, se aplica la máxima de que “los crímenes de lesa humanidad no prescriben”, por lo que no entran dentro de esta figura delitos como el genocidio, la desaparición forzada, ejecusiones extrajudiciales, torturas, crímenes de guerra, entre otros. La CIDH acota que tampoco se pueden usar para bloquear el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre sus casos ni acceder a recursos de reparación.
Durante su alocución del 30 de enero, Delcy Rodríguez acotó que no estarán contemplados dentro de su Ley de Amnistía General aquellos casos que contemplen delitos como homicidio, narcotráfico, corrupción o violaciones graves de los derechos humanos. Si bien esto se corresponde con las leyes internacionales y la Constitución, también podría justificar la exclusión de varios presos políticos que han sido acusados por el gobierno como responsables de las muertes ocurridas en protestas o que han sido vinculados en sus cargos por conspiración a presuntos grupos paramilitares colombianos.
¿En qué se diferencia de un indulto?
Normalmente las amnistías suelen ser producto de un acuerdo aprobado por el Poder Legislativo de un país, aunque también se pueden impulsar por decreto desde el Poder Ejecutivo en algunos casos. No obstante, existe una diferencia significativa entre la amnistía y el indulto, que es otra figura legal que también cumple la función de perdonar a un grupo o individuo por delitos cometidos.
Mientras la amnistía es un punto importante dentro de procesos políticos de un país, el indulto suele ser más común, e incluso tradicional en algunos países. Por ejemplo, los indultos federales emitidos por el presidente de Estados Unidos o los actos de clemencia que suelen realizar gobiernos como los de Francia y Canadá. Incluso se aplican en el seno de iglesias como la Católica, con los indultos papales que en siglos pasados podían tener un peso igual o mayor al de un tribunal.
Sin embargo, la principal diferencia entre el indulto y la amnistía está en la raíz misma de lo que se perdona. En el caso del indulto, la persona judicialmente sigue siendo culpable, pero se le conmuta la responsabilidad de cumplir con la pena fijada. Se trata de un proceso más administrativo y requiere de que ya exista una sentencia declarada sobre el beneficiado. Tampoco está vinculado a la protección de los derechos humanos, usándose incluso para casos controversiales como hechos de corrupción o delitos ordinarios.
Por su parte, en una amnistía lo que se perdona es el delito mismo, por lo que tiene una naturaleza colectiva y absuelve a todas las personas involucradas en la causa señalada. De ahí que deba gestionarse como ley con aprobación Parlamentaria y tiene una naturaleza retroactiva, por lo que no solo se libra de responsabilidad penal a los beneficiados, sino que se borra todo registro del caso de sus antecedentes.
Casos de indultos en Venezuela
En Venezuela, el indulto está contemplado en el artículo 236 de la Constitución y en el 104 del Código Penal Venezolano. Históricamente este recurso ha sido el más empleado por los gobiernos, sobre todo por el presidente Rafael Caldera, quien en su primer gobierno (1969-1974) lo usó en su proceso de pacificación e inserción en la vida política de las guerrillas de izquierda que operaban en el país. Luego, en su segundo gobierno (1994-1999) también indultó a los militares responsables de los intentos de golpe de Estado de 1992, entre ellos a Hugo Chávez.
Posteriormente, en 2008 el propio Chávez firmó la Ley de Amnistía e Indulto, que abarcó a todos los hechos ocurridos durante las intentonas del año 2002. Esto incluía a figuras del gobierno interino de Pedro Carmona, el paro empresarial y petrolero, así como civiles y militares alzados en diferentes hechos hasta diciembre de 2007. No obstante, resultó polémico al indultar también a los tiradores responsables de la masacre de Puente Llaguno, que dejó 19 muertos.
En contraparte, Chávez mantuvo preso a los policías metropolitanos condenados a 30 años de cárcel por los mismos hechos del 11 de abril de 2002, de los cuales tres (Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovaín) siguen presos en la actualidad. Tampoco incluyó a Otoniel, Rolando y Juan Guevara, detenidos en 2004 y acusados como responsables del asesinato del fiscal Danilo Anderson, aunque la oposición los considera presos políticos incriminados en una venganza de Chávez contra el comisario Otoniel Guevara por el golpe de 1992.
Ya en el gobierno de Nicolás Maduro, la detención y excarcelación de presos políticos se volvió proceso recurrente, bautizado como “la puerta giratoria” por los activistas, y que en ocasiones involucró la salida de grandes grupos de prisioneros, pero sin haber recibido algún tipo de indulto. No fue hasta el 30 de agosto de 2020 que, en el contexto de un proceso de diálogo entre el oficialismo y sectores minoritarios de oposición prosistema, que Maduro firmó un decreto indultando a 110 opositores.
Este decreto contempló la excarcelación de decenas de presos políticos y el cese de la persecución contra varios diputados opositores de la Asamblea Nacional, a quienes se les había allanado su inmunidad parlamentaria forzándolos a huir del país. A pesar de esto, el indulto no significó el fin de la represión en Venezuela. Beneficiarios por este indulto como el dirigente de Voluntad Popular Freddy Superlano luego aparecieron como inhabilitados cuando trataron de participar en las elecciones regionales de 2021. De hecho, Superlano luego fue detenido durante la violencia postelectoral de 2024.
Las amnistías que no fueron
El 29 de marzo de 2016, la Asamblea Nacional de mayoría opositora proclamó la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, impulsada por su entonces presidente, Henry Ramos Allup. Esta contemplaba la “extinción de la responsabilidad civil, penal, administrativa, disciplinaria, o tributaria, mediante la finalización definitiva de las investigaciones, procesos, procedimientos, penas o sanciones” de todos los presos y perseguidos políticos a partir del 1° de enero de 1999.
No solo buscaba la liberación de los presos políticos de su momento, sino que ofrecía garantías a funcionarios y militares del gobierno de Maduro para una transición pacífica. Sin embargo, desde el oficialismo la ley fue rechazada tajantemente. En su momento, Nicolás Maduro declaró al respecto: “Leyes para amparar terroristas y criminales no pasarán por aquí (…) en Venezuela no hay presos políticos sino, políticos presos”. Efectivamente, el TSJ declaró la ley “inconstitucional” por lo que nunca se pudo aplicar efectivamente.
Años después, durante el gobierno interino de Juan Guaidó, se intentó reimpulsar esta ley, la cual fue entregada en los principales cuarteles del país invitando a una amnistía general entre ambos bandos. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ordenó a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional expresar su rechazo a esa ley, incluso rompiéndola delante de los manifestantes.
La entrada #TeExplicamos | ¿Qué es una amnistía y cuál es su historial en Venezuela? se publicó primero en El Diario Venezuela – elDiario.com.
