Kilmar Abrego García, ciudadano salvadoreño que ingresó a Estados Unidos en 2011 de forma irregular para escapar de las amenazas de pandillas en su país, enfrenta nuevamente a la justicia estadounidense por un caso de inmigración ilegal y otro penal.
En 2019, un juez de inmigración le concedió la suspensión de la deportación a Abrego con el fin de que continuara su caso para legalizar su estatus migratorio, debido al peligro que enfrentaría si regresaba a su país de origen.
Sin embargo, en marzo de 2025 las autoridades lo detuvieron y lo enviaron a la prisión de máxima seguridad del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, donde pasó casi tres meses.
Posteriormente, fue extraditado de regreso a Estados Unidos para enfrentar acusaciones de tráfico ilegal de personas. Al llegar, ingresó en una cárcel en Tennessee para esperar el juicio y el 22 de agosto recibió libertad condicional.
El caso de Abrego consiguió notoriedad entre los opositores al gobierno de Donald Trump y los grupos de defensa de los derechos humanos, tras ser enviado a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador.

Nueva detención de Kilmar Abrego
El salvadoreño fue detenido nuevamente el 25 de agosto por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos cuando acudía a una visita a los tribunales de inmigración de Baltimore.
“Ha sido detenido por ICE debido a que hay una orden de deportación a Uganda sobre él. Sus abogados registraron una petición de habeas corpus en Maryland para intentar detener su traslado”, informaron fuentes cercanas al caso del salvadoreño a la agencia de noticias EFE.
El gobierno ugandés anunció recientemente que llegó a un acuerdo con la administración de Donald Trump para aceptar deportados de terceros países desde Estados Unidos.
Abrego había sido liberado de la cárcel en Tennessee tres días antes de la nueva detención, a la espera de que se desarrollara su juicio de cargos federales por tráfico de personas, con el argumento de que no suponía una amenaza para la comunidad o está en riesgo de huir.
No obstante, el 22 de agosto, los abogados de Abrego García explicaron en un documento judicial que las autoridades estaban amenazándolo con su deportación a Uganda para conseguir un acuerdo de culpabilidad que le llevase a ser deportado a Costa Rica.
“Junto con esa propuesta, el gobierno presentó una carta confirmando que podría vivir libremente en ese país, que lo aceptaría como refugiado o le otorgaría la residencia, y prometiéndole no devolverlo a El Salvador”, indicaron los abogados del salvadoreño.

Pero después de que Abrego se resistiera a la propuesta, funcionarios del ICE le informaron a sus abogados que habían decidido deportarlo a Uganda.
“Solo cabe una interpretación de estos hechos, están utilizando sus poderes colectivos para obligar al Abrego a elegir entre una declaración de culpabilidad seguida de una relativa seguridad, o su entrega a Uganda, donde su seguridad y libertad estarían amenazadas”, escribió el abogado de Abrego, Sean Hecker, en el documento.
Acusaciones contra el salvadoreño
Luego de su ingreso en el Cecot, el Departamento de Justicia de EE UU (DOJ) presentó cargos contra Abrego García por presunto tráfico humano, tras verse obligado por una orden judicial a llevarlo de regreso a EE UU.
Además, el ICE ya había adelantado que lo detendrían para deportarlo una vez más si era dejado en libertad condicional para enfrentar su proceso penal.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE UU (DHS), Kristi Noem, se ha referido en varias oportunidades a Abrego como “un monstruo” y luego de conocer su liberación aseguró que es una muestra de desprecio por parte del juez a la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.
Noem insistió en que el gobierno tiene pruebas para acusar penalmente al salvadoreño, quien vive hace más de una década en Maryland junto a su esposa estadounidense e hijos.

“Tiene un historial de toda una vida de tráfico de personas y de aprovecharse de menores de edad, solicitándoles pornografía, abusando de su esposa y de otros inmigrantes ilegales que están en este país, mujeres que estaban bajo su cuidado mientras él las traficaba”, dijo la secretaria del DHS a mediados de julio.
El proceso penal subió tanto de tono que el juez Waverly Crenshaw, encargado del caso, ordenó al gobierno de Trump moderar los comentarios públicos contra el salvadoreño para garantizar un juicio justo.
La orden del juez se dio luego de que los abogados de Abrego se quejaran por los comentarios que Noem y otras autoridades, han hecho sobre el acusado.
Caso judicial de Abrego
Abrego García había obtenido la libertad condicional el 22 de agosto para que enfrentara en libertad los dos procesos judiciales que tiene en dos corte federales.
En el caso penal por tráfico de indocumentados, sus abogados solicitaron previamente a la corte de Tennessee desestimar la acusación al argumentar persecución por parte del Departamento de Justicia.
“Este caso es el resultado del esfuerzo concertado del gobierno de Trump para castigarlo por tener la audacia de defenderse, en lugar de aceptar una brutal injusticia”, escribió su equipo defensor en la moción.

La defensa del salvadoreño en su caso en un tribunal de Maryland también ha luchado contra las acusaciones para deportarlo por ser un inmigrante indocumentado, a pesar de que tenía un permiso de trabajo válido hasta 2029 y un proceso abierto para legalizar su estatus en una corte de inmigración.
Sin embargo, el Ejecutivo emprendió una campaña mediática para vincularlo con la pandilla salvadoreña MS-13, a pesar de que no había sido acusado antes de delitos en Estados Unidos.
Defensa del inmigrante en EE UU
La defensa del migrante citó declaraciones del presidente Trump, la fiscal general, Pam Bondi, y otros funcionarios que demuestran que el salvadoreño retornó el 6 de junio del Cecot para afrontar los cargos criminales como consecuencia de su búsqueda de un debido proceso.
“El gobierno de EE UU se ha centrado en Kilmar Ábrego García. Es obvio por qué. Y no es por la seriedad de su presunta conducta ni por representar una amenaza única para este país. En vez de eso, lo imputaron porque se negó a ceder a la violación de su derecho al debido proceso”, escribió la defensa.
Los abogados argumentan que el gobierno de Trump emprendió este proceso judicial por exponer el error de enviarlo a El Salvador a pesar de tener un estatus que lo protegía de la deportación y de las órdenes de la Corte Suprema y la jueza de Maryland que concluyeron que su traslado fue ilegal.
“Los pronunciamientos públicos inéditos que atacan al Sr. Ábrego por su exitoso ejercicio de derechos constitucionales de parte de altos funcionarios del gabinete, líderes del DOJ e incluso el presidente de Estados Unidos hacen de este un caso en el que la venganza está clara”, sostuvieron.
Con ello, la defensa busca mostrar un sesgo del gobierno contra el salvadoreño, cuyo caso se ha convertido en emblemático para defensores de migrantes en Estados Unidos que acusan a la administración de Trump de ignorar órdenes judiciales para concretar su campaña de deportaciones masivas.
La entrada #TeExplicamos | ¿Quién es el salvadoreño Kilmar Abrego y por qué su caso ha sido tan mediático en EE UU? se publicó primero en El Diario.