Un grupo de los 252 venezolanos enviados por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador pidieron este viernes 26 de diciembre garantías para acudir a una audiencia ordenada por un juez federal en la nación norteamericana, luego de determinar que el gobierno del presidente Donald Trump negó el debido proceso de estos migrantes, que se encuentran ahora en libertad.
“Exigimos a las autoridades de ese país que generen realmente las condiciones que nos permita participar en la audiencia sin poner en riesgo nuevamente nuestra integridad y nuestras vidas”, señaló, en una carta, el grupo de migrantes que fue repatriado a su país el pasado 18 de julio, tras cuatro meses de detención en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador.
Además, exigieron a Estados Unidos que garantice condiciones de retorno “dignas y apropiadas” y que estos hechos no se repitan, por lo que instaron a revisar los protocolos de deportación y acogida.
“Esperamos que esta resolución del juez de Estados Unidos marque el inicio de una solución justa y humana a nuestra situación y siente un precedente para la protección de los millones de migrantes”, añadió el grupo en la misiva leída ante la prensa por un repatriado que no se identificó.
Denuncias de abusos y secuelas psicológicas
Norberto Aguilar, uno de los migrantes deportados a El Salvador en marzo pasado, relató durante la rueda de prensa haber sido golpeado en el Cecot.
Por su parte, Arturo Suárez sostuvo que el gobierno de Nicolás Maduro ha brindado ayuda con terapias psicológicas, pero que no ha sido fácil reinsertarse en la sociedad porque, dijo, “los golpes físicos sanan, pero los mentales no”.
“Entonces estamos luchando con mucha ansiedad, problemas para dormir y para comer”, agregó.
El lunes, un juez federal dictaminó que el gobierno de Trump negó el debido proceso a cerca de 200 venezolanos que deportó a una prisión de alta seguridad en El Salvador y ordenó que se les dé la oportunidad de tener una audiencia.
El juez James Boasberg dio plazo hasta el 5 de enero para que el Ejecutivo estadounidense presente un plan que permita que los inmigrantes regresen a Estados Unidos o puedan defender su caso ante un juez.
El magistrado también certificó una demanda colectiva, lo que allana el camino para que todos los migrantes enviados al Cecot en marzo pasado impugnen su designación como enemigos extranjeros de EE UU.
Tras meses de presión de las familias de los inmigrantes, los venezolanos fueron enviados a su país natal en julio pasado, como parte de un intercambio de rehenes entre EE UU y el gobierno de Maduro.
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