El juicio por el caso Pdvsa-Cripto inició tras tres años de retraso procesal, avivando denuncias de aislamiento, torturas y opacidad judicial contra el exministro Tareck El Aissami y otros exaliados del oficialismo. Expertos y defensores de los derechos humanos advierten sobre la instrumentalización política del sistema judicial y el hermetismo en la administración de los activos incautados.
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