En el ojo del huracán mediático y judicial se encuentra Alexander Enrique Graterol Alarcón, un ferviente simpatizante chavista, cuya imagen de cercanía al poder se ha visto empañada por señalamientos de presunta estafa. Graterol, conocido en las redes sociales bajo los alias @alexpsuv y @alegratt, ha sido objeto de denuncias que han resonado en el ciberespacio desde el año 2020, acusándolo de participar en actividades fraudulentas.
Este individuo, reconocido por su activa militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, y por su presencia constante en marchas oficialistas y concentraciones en Caracas, en respaldo a figuras prominentes del partido, incluyendo al propio Nicolás Maduro, parece haber tejido una narrativa de influencia que, según las acusaciones, habría explotado para fines ilícitos.
La proximidad que exhibía con líderes regionales y nacionales del PSUV, evidenciada en fotografías que lo mostraban compartiendo junto a ellos en eventos políticos, le habría servido a Graterol Alarcón para construir una fachada de poder, utilizada, según las denuncias de aquel entonces, para embaucar a sus víctimas.
El modus operandi y la sombra del poder en las presuntas estafas
En 2020, las acusaciones dibujaban un panorama en el que Alexander Graterol Alarcón operaba con una aparente impunidad, escudándose tras su fervor político chavista. Se decía que proclamaba su adhesión al Gobierno liderado por el presidente Nicolás Maduro, una declaración que resonaba en el contexto de sus presuntas actividades ilícitas. Como herramienta de persuasión, Graterol se valía además de una credencial del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MPPPST) y de la presencia de dos escoltas, elementos que, según la denuncia de 2020, conformaban la puesta en escena de sus engaños.
Su presunto modus operandi consistía en presentarse ante sus víctimas como agente aduanal. Una vez ganada la confianza, las víctimas le entregaban sumas de dinero destinadas al pago de impuestos, aranceles, agenciamiento y otros gastos portuarios, todo ello bajo la promesa de facilitar la salida de mercancías de los recintos aduaneros.
Para reforzar su credibilidad, Graterol recurría en puertos y aduanas a argumentos políticos y revolucionarios, además de exhibir sus fotografías y credenciales.
Si la maniobra surtía efecto, Alexander Graterol Alarcón simulaba haber destinado el dinero recibido al pago de las tasas aduaneras, manteniendo la ilusión de legalidad ante sus víctimas. Sin embargo, un detalle crucial revelaba la naturaleza turbia de sus operaciones: jamás presentaba las facturas correspondientes a los gastos portuarios.
En el caso de que su artimaña no prosperara, es decir, si las autoridades aduaneras no daban crédito a sus alegatos y la mercancía permanecía retenida, Graterol optaba por una estrategia aún más oscura. Se apropiaba del dinero que había recibido y, de forma amenazante, advertía a sus víctimas sobre las supuestas consecuencias de denunciarlo, invocando su pretendido poder e influencias.
En aquel entonces, la sombra de sus acciones se extendía más allá del perjuicio individual a sus víctimas. Se advertía que estas prácticas no solo manchaban el nombre de los afectados, sino que también proyectaban una imagen negativa sobre la administración gubernamental chavista. Graterol, según se denunciaba entonces, al cometer sus presuntas fechorías invocando la Revolución y el legado de Hugo Chávez, perjudicaba así la reputación de los funcionarios con quienes se había fotografiado, sembrando una semilla de duda sobre su integridad.
Nuevas acusaciones sacuden el presente: Estafa inmobiliaria y clandestinidad
El tiempo ha transcurrido, y el año 2025 trae consigo nuevas revelaciones sobre las andanzas de Alexander Graterol Alarcón, pintando un retrato aún más sombrío de sus presuntas actividades ilícitas. Según fuentes familiarizadas con el caso, Graterol enfrenta actualmente un proceso legal ante la Fiscalía 14 de Delitos Graves, acusado de forjamiento de documentación y estafa.
La acusación se centra en un episodio ocurrido en junio de 2024, donde se alega que Graterol realizó la venta fraudulenta de un fondo de comercio, simulando ser el legítimo propietario. Como pago por esta transacción, habría recibido una camioneta y una suma considerable de dinero en efectivo.
A día de hoy, Graterol presuntamente se niega a devolver tanto el vehículo como el dinero recibido, lo que motivó la denuncia ante las autoridades competentes.
Esta situación ha llevado a Graterol a la clandestinidad, evadiendo la justicia y, según las denuncias, manteniendo su actitud amenazante, invocando nuevamente sus supuestas influencias políticas, para intentar intimidar a sus víctimas.
A esta acusación se suma otra irregularidad: el presunto secuestro de un galpón durante los últimos seis años, por el cual no ha abonado el alquiler correspondiente ni ha manifestado intención alguna de desalojar.
Drama familiar y acusaciones de trato cruel se suman al escándalo
Pero el entramado de acusaciones contra Graterol Alarcón se extiende más allá del ámbito financiero, adentrándose en una esfera personal marcada por la angustia y el conflicto familiar.
Una madre vive un auténtico calvario desde hace nueve meses, según información de una fuente cercana al caso. Esta mujer, expareja de Graterol y progenitora de un menor, ha recurrido a todas las instancias legales pertinentes en un intento desesperado por lograr la restitución de su hijo y restablecer el vínculo materno-filial.
La situación se agrava ante la presunta inestabilidad del entorno en el que reside el niño, pues Graterol aparentemente carece de un hogar propio y se encuentra en un apartamento donde pesa sobre él una orden de desalojo por impago del arrendamiento.
Ante este panorama, la Fiscalía 87 del Ministerio Público ha abierto una investigación bajo el número de expediente MP-31188-2024. La prolongada separación de su madre estaría dejando una huella psicológica en el menor.
La fuente asegura que el niño lleva nueve meses sin ver a su progenitora, una prohibición impuesta por Graterol, quien recurriría a la fuerza para mantenerlos separados.
Se describe un patrón de conducta hostil por parte de Graterol hacia el niño cada vez que este expresa su deseo de hablar con su madre, lo que ha derivado en una investigación por el presunto delito de trato cruel.
La Fiscalía Centésima Cuarta (104°) con competencia en materia Penal Ordinario, Víctimas, Niños, Niñas y Adolescentes, lleva adelante estas pesquisas, basándose en el Artículo 254 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Paralelamente, el Tribunal de Protección de Niños del Área Metropolitana de Caracas analiza diversas controversias relacionadas con la obstinación de Graterol en impedir el contacto entre la madre y su hijo, evadiendo sistemáticamente las notificaciones legales para dilatar el proceso judicial.
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