La inmensa mayoría de los países de la Unión Europea ha reformado en los últimos años sus mecanismos de protección a la vejez para garantizar su sostenibilidad financiera. Casi todos ellos han optado por vincular las prestaciones futuras de retiro a la generación de riqueza de sus economías, o, en su defecto, a la esperanza de vida de sus moradores. Este último camino ha seguido Alemania, con una treintena de decisiones complementarias, que cuenta con el respaldo de los dos grandes partidos que gobiernan el país en coalición, la CDU y el SPD, democristianos y socialdemócratas. España, en esta como en otras muchas cuestiones, por una incapacidad creciente e intencionada de consenso político, prefiere mantenerse al margen con reformas unilaterales y partidistas que no garantizan la solvencia. Como en otras muchas materias, cuanto más tarde se afronte la cuestión, más dolorosa será la solución.